miércoles, 5 de abril de 2023
Tras varios borradores filtrados, el Gobierno finalmente radicó el proyecto de reforma laboral. Más allá del apoyo político que se prevé tendrá esta iniciativa y del impacto que pueda generar en varios sectores, ya podemos revisar con un poco más de acierto cuáles son las intenciones del Ejecutivo en la modificación de las leyes que regulan las relaciones laborales.
Innegablemente, el texto radicado representa para los empleadores un incremento importante de sus costos laborales y operativos directos, especialmente derivados de todas las propuestas normativas que buscan, a toda costa, garantizar la estabilidad cuasi absoluta de todos los trabajadores.
Si bien el texto final eliminó la estabilidad laboral absoluta que, en su momento, el Gobierno pretendió fijar en sus primeros borradores; no es menos peligroso lo que sobre la materia establece el proyecto que se va a discutir en el Congreso. En ese sentido, se establece que, aun cuando el empleador mantiene la facultad legal de terminar unilateralmente los contratos de trabajo de los trabajadores que no cuenten con una protección especial contra el despido, dichas terminaciones se presumirán discriminatorias o arbitrarias y, por lo tanto, carecerán de eficacia, salvo que el empleador logre demostrar que la terminación obedeció a razones objetivas. Un absurdo, considerando que la misma ley actualmente prevé la facultad de todos los empleadores de terminar contratos sin tener que argumentar justa causa o, incluso, causa alguna, con el pago de una indemnización.
La perversa inversión de la carga de la prueba generará sin duda un aliciente perverso a la reclamación de los trabajadores ante cualquier despido, que no sólo inundaría los despachos judiciales (bien congestionados actualmente, por demás), sino que implicaría costos adicionales al empleador, no solo derivados de la necesidad de plantear su defensa en cada proceso, sino aquellos asociados al tiempo y recursos invertidos en ello. Adicionalmente, de ser reintegrado el trabajador demandante a su cargo, el empleador deberá pagar todos los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que transcurrió entre la terminación y el reintegro.
Si analizamos a fondo las implicaciones prácticas de esta medida, podríamos claramente establecer que la misma pone en riesgo la fuente de empleo, al representar para los empleadores una serie de costos de consideración en materia laboral que, aunados a los que ya trajo la reforma tributaria y los que está generando el fenómeno inflacionario en Colombia, podrían poner en riesgo la fuente misma de empleo. Solo por mencionar algunas, podemos decir que la aceptación de esta medida podría implicar: despidos masivos, congelación de las contrataciones, duplicidad en las contrataciones e incremento en el valor de la indemnización.
Quedan por fuera de este análisis la revisión de modificaciones de relevancia como los cambios en la jornada, el pago de horas extras y recargos, entre otras. Sin embargo, creemos que lo expuesto representa suficiente ilustración en cuanto a los impactos que generaría la reforma en las fuentes de empleo, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas.
En manos del Congreso queda entonces la tarea de buscar armonizar el mercado laboral y los derechos de trabajadores y empleadores, con la realidad económica que vive no solo Colombia sino el mundo entero. Debemos, sin lugar a duda, buscar soluciones a un mercado laboral que propenda por una coordinación económica y equilibrio social.
