El Congreso archiva dieciséis proyectos por cada ley

El Congreso que se instala esta semana hereda un tablero en blanco. El que termina deja, según el informe de gestión de la Secretaría General del Senado, 379 proyectos de ley radicados entre el 20 de julio de 2025 y el 20 de junio de 2026, de los cuales 239 terminaron archivados y apenas 15 se convirtieron en leyes de la República. Dieciséis proyectos muertos por cada norma nacida.

La cifra sugiere que el Congreso rechazó esas iniciativas, y no fue así. La mayoría murió por reloj. El artículo 162 de la Constitución dispone que los proyectos que no completen su trámite en una legislatura y hayan recibido primer debate continúan en la siguiente y que ninguno puede considerarse en más de dos legislaturas. El artículo 190 de la Ley 5 de 1992 desarrolla ese tránsito de legislatura y es la norma citada en las fichas de archivo. El proyecto que no alcanza primer debate se archiva sin que nadie haya votado su contenido.

Ahí está lo que le importa a una empresa. Un proyecto archivado por tiempo no informa nada sobre si la idea era buena ni sobre si volverá. La compañía que ajustó procesos anticipando una norma queda con una inversión sin destino y la que decidió esperar nunca sabrá si acertó. El sistema produce ruido en lugar de señales, y ese ruido cuesta: equipos rastreando iniciativas que casi nunca prosperan, decisiones de inversión aplazadas y contratos redactados para una regulación que no llegó.

La inteligencia artificial ilustra el punto. Su regulación figuraba entre los proyectos en riesgo de archivo por no haber surtido primer debate, y el país sigue sin una ley sobre la materia. Que no haya ley no quiere decir que no haya consecuencias. Los jueces ya empezaron a fijarlas caso a caso, y esa vía llega sin aviso previo y sin periodo de transición.

Archivar proyectos puede ser sano. Un sistema que aprobara todo lo radicado sería peor, y muchas iniciativas que mueren no debían prosperar. El asunto está en el criterio: el filtro separa los proyectos que alcanzaron a moverse a tiempo de los que no, sin pronunciarse sobre el mérito de ninguno. A mitad de la legislatura pasada ya había 232 iniciativas en riesgo de archivo por no haber surtido primer debate, varias con ponencia lista. Vigilar ese volumen resulta imposible para cualquier área jurídica, e ignorarlo es imprudente.

El ritmo agrava el problema. En el año legislativo anterior se radicaron 470 proyectos y 42 llegaron a ser ley; en este fueron 15. Cuando la producción normativa se concentra en pocos textos, esos textos suelen aprobarse contra el cierre de sesiones, con debates comprimidos y ajustes de última hora. Para quien debe cumplirlos, eso significa enterarse tarde de reglas ya vigentes y contar con menos tiempo para adaptar procesos, sistemas y contratos.

El nuevo Congreso volverá a llenarse de iniciativas en los próximos meses, porque cada periodo trae su propia avalancha. Lo que una empresa necesita saber es cuáles de esos proyectos se convertirán en reglas exigibles y con cuánto tiempo de anticipación podrá enterarse. Distinguir a tiempo el proyecto que va en serio del que morirá en el calendario dejó de ser una tarea de seguimiento normativo y se volvió una capacidad de gestión, tan valiosa como la de cumplir la norma una vez publicada.