El mito de que toda regulación protege al consumidor

Existe una idea muy extendida según la cual cada nueva regulación, por el solo hecho de existir, beneficia al consumidor. Si una norma busca proteger al ciudadano, parece lógico suponer que lo protege. Pero la evidencia económica e institucional muestra que esa relación no siempre se cumple. Muchas regulaciones diseñadas con buena intención producen el efecto contrario: más costos, menos competencia, menos oferta y peores condiciones para los consumidores.

Conviene aclarar el punto de partida para no caer en una caricatura. Las sociedades modernas necesitan regulación y los mercados no funcionan bien sin reglas que garanticen información veraz, seguridad, competencia leal y cumplimiento de los contratos. La discusión seria no opone Estado y mercado: reconoce que las reglas son necesarias y se concentra en algo más difícil, distinguir la que crea valor de la que solo crea carga. Esa distinción suele perderse en el debate, donde el éxito de una norma se mide por su intención declarada y no por sus resultados. Una ley que promete proteger al consumidor gana respaldo por lo que anuncia, rara vez por lo que produce.

Hay un costo que el debate suele ignorar: cada nueva obligación cuesta dinero real, en reportes, auditorías, asesoría jurídica y gestión administrativa. Las grandes empresas lo absorben con facilidad, por sus equipos de cumplimiento y economías de escala. Las pequeñas no: para una microempresa puede significar contratar un asesor que no puede pagar o quedar en incumplimiento. Por eso muchas regulaciones pensadas para disciplinar a los grandes terminan fortaleciéndolos y elevando la barrera de entrada, y el consumidor que se suponía beneficiario termina con menos opciones.

Este análisis es especialmente relevante para Colombia, que arrastra un problema persistente de baja productividad y formalización. La informalidad laboral cerró 2025 en torno al 55%, cerca del 95% del tejido empresarial son microempresas y según el DANE, apenas el 14,6% de los ocupados en microempresas son formales, frente al 97,4% en las grandes. El Informe Nacional de Competitividad 2025-2026 es explícito: los altos costos de formalización refuerzan la informalidad y empujan a muchas empresas a quedarse al margen.

En ese contexto, la pregunta que solemos hacernos está mal planteada. El asunto no es cómo regulamos más, es cómo regulamos mejor. Una regulación eficiente protege al ciudadano minimizando las cargas innecesarias para quienes generan empleo e inversión. Agregar obligaciones es fácil y rentable en lo político; diseñar normas que protejan sin asfixiar al tejido productivo es difícil. La nueva Ley de Comercio Electrónico vigente desde 2026 apunta en esa dirección: incorpora atenuantes para las empresas que adopten modelos de cumplimiento y autorregulación, premiando el comportamiento responsable en lugar de solo sancionar.

Aquí los abogados tenemos una responsabilidad que muchas veces eludimos. El reto de la profesión no consiste solo en producir más normas, también en evaluar con sentido crítico si generan los resultados que prometieron. Las economías más competitivas del mundo no son las que tienen menos reglas, son las que aprendieron a distinguir entre las que crean valor público y las que solo crean burocracia. Esa diferencia determina si una regulación protege de verdad al consumidor o si termina protegiendo apenas su propia existencia, y trazarla es una de las condiciones para crecer.