El recorte fiscal también alcanza a la nómina de la DIAN

El Proyecto de Ley 477 de 2026, radicado el 29 de octubre en la Cámara, le encarga a la DIAN varias de las tareas del ajuste que propone. Tendría que calcular, con la información de la factura electrónica, el IVA pagado por cada persona para que Prosperidad Social lo devuelva desde 2028. Aplicaría un nuevo régimen de sanciones de facturación y de obligaciones para los proveedores tecnológicos que ella misma habilita. Tramitaría otra ventana de facilidades de pago, reducción de sanciones y terminación por mutuo acuerdo, con plazo para resolver hasta el 31 de agosto de 2027. Recibiría además las declaraciones de normalización de activos.

La entidad que recibiría esas tareas empezó el año con la planta incompleta. En febrero la DIAN informó que tiene 21.937 cargos, de los cuales 16.090 estaban ocupados. Los 5.847 cargos vacantes equivalen al 26,7% de su planta. Mientras tanto, hasta el 19 de noviembre, atiende las solicitudes de alivio del Decreto Legislativo 1419, expedido dentro de la emergencia por el sismo de agosto.

El mismo proyecto ordena reducir el gasto del Estado. Su artículo 17 obliga a las entidades a recortar en 2027 a la mitad los costos de los contratos de prestación de servicios frente al año anterior. Su artículo 16 dispone que en 2028 los gastos de personal de las entidades del Presupuesto General de la Nación bajen 20% en términos nominales. La única excepción que trae el texto radicado es la Fuerza Pública.

El mérito no se detuvo en la DIAN. Aunque el Decreto Legislativo 1384 aplazó los procesos de selección del Estado hasta el 31 de diciembre, la Comisión Nacional del Servicio Civil dispuso que el concurso DIAN 2676 continúe y lo mantiene en etapa de pruebas. Quienes ingresen por esa vía llegarían a una nómina que el proyecto manda reducir al año siguiente. Llenar las vacantes y bajar el gasto de personal son objetivos que, en esta entidad, apuntan en direcciones contrarias.

La exposición de motivos reconoce el peso de la administración tributaria en el plan. Dedica uno de sus seis pilares a dotarla de herramientas para recuperar cartera, mejorar la fiscalización y aprovechar la información de la facturación electrónica. Las herramientas rinden según las personas que las operan. El cálculo de recaudo del proyecto supone que habrá quién las opere.

Para las empresas el asunto tiene consecuencias de todos los días. La validación de sus facturas, el trámite de los alivios a los que decidan acogerse y la respuesta a sus solicitudes dependen de esa capacidad. Su factura electrónica, además, dejaría de ser solo un soporte de sus propias obligaciones y pasaría a alimentar las devoluciones de IVA a millones de personas, con sanciones más amplias para los errores de facturación.

Nada de esto exige descartar el recorte. El Congreso puede revisar si la DIAN debe quedar sujeta a la misma regla que las demás entidades o si su gasto de personal debe atarse a las funciones que la ley le asigna. Tiene tiempo para hacerlo, porque el proyecto apenas empieza su trámite en las comisiones económicas.

Para el gerente tributario la pregunta es más inmediata: con qué tiempos de respuesta de la DIAN debe planear 2027 y qué tan preparada está su facturación para un sistema que pasaría a cumplir funciones sociales. Para el Congreso, la pregunta es si la aritmética del ajuste cuenta con las personas que tendrían que ejecutarlo.