En teoría, cumplir es lo que hace cualquier empresa seria. Pagar impuestos, liquidar bien la nómina, presentar informes a tiempo, mantener los programas de cumplimiento al día. En la práctica colombiana de 2026, cumplir se parece cada vez más a administrar capas superpuestas de riesgo, con reglas que cambian, plazos que se cruzan y una incertidumbre que no siempre viene de los mercados sino del propio marco normativo.
El calendario tributario de este año lo ilustra bien. Las obligaciones de renta, IVA, retenciones e ICA siguen su curso, pero en un entorno donde varios tributos fueron creados por decreto de emergencia económica y hoy están en discusión ante las altas cortes. La empresa debe cumplir de inmediato con obligaciones cuya estabilidad jurídica no está resuelta. Y queda atrapada entre incumplir y exponerse a sanciones, o cumplir de más y asumir costos que después nadie le devuelve.
A eso se suma el frente laboral. El salario mínimo de 2026, con un incremento del 23%, no solo alteró la estructura de costos directos: modificó las bases de prestaciones, aportes y recargos. Agreguemos la reducción de jornada a 42 horas, el inicio de la jornada nocturna a las 7:00 p.m., el recargo dominical al 90% y las nuevas reglas sobre contrato de aprendizaje y contratación inclusiva. El problema no es cada medida por separado. Es la simultaneidad. Cuando todo se suma, lo que aparece no es política laboral coherente sino acumulación de exigencias que castiga con especial dureza a quienes intentan hacer las cosas bien.
Y no termina ahí. Hoy las empresas también deben sostener arquitecturas formales de cumplimiento: SAGRILAFT, PTEE, reportes de oficiales de cumplimiento, actualización del Registro Nacional de Bases de Datos, verificación trimestral de beneficiarios finales. La Circular Externa 100-000002 de 2025 de Supersociedades regula el Informe 58, y el proyecto de modificación de la Circular Básica Jurídica busca ampliar aún más el alcance de estas obligaciones. El cumplimiento dejó de ser episódico. Se convirtió en una función permanente, intensiva en estructura y trazabilidad.
Lo que une estos tres frentes es un patrón que la OCDE ya ha documentado: el sistema tributario colombiano es complejo y distorsionante, y la certeza normativa es condición esencial para la inversión. Pero la observación aplica más allá de lo fiscal. Una economía no se daña solo cuando las normas son malas, sino cuando el sistema obliga a gastar energía creciente en interpretar, corregir y recalibrar. Colombia no siempre está regulando mejor. Muchas veces solo distribuye más fricción hacia el aparato privado.
Nadie serio defiende la laxitud ni la evasión. Pero por eso mismo el Estado debería tener un deber correlativo de claridad y estabilidad. Exigir cumplimiento estricto en medio de incertidumbre normativa no fortalece el Estado de derecho: genera miedo, costos de transacción y decisiones defensivas. El verdadero riesgo para Colombia no es que haya empresarios que no quieran cumplir. Es que cada vez sea más difícil cumplir de forma razonable, predecible y sostenible. Cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es la rentabilidad de las empresas. Es la confianza en la seriedad del entorno institucional.
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