Diego Leal Vega
El terremoto del 10 de agosto de 2026 demostró que los colombianos somos solidarios. En pocas horas surgieron centros de acopio, cocinas comunitarias y redes de apoyo. Sin embargo, desde el derecho laboral, el sismo nos recordó que la recuperación no depende solo de donar: un país necesita empresas sólidas, con vocación de permanencia, que brinden empleo, servicios y cadenas de proveedores para sostener cualquier proceso de reconstrucción.
Después del terremoto, el primer llamado práctico fue antes de reanudar actividades productivas y laborales verificar las instalaciones físicas —redes de gas, energía y estructuras—. Esto obligó a actualizar los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los planes de emergencia, y nos permitió aprovechar la avanzada legislación colombiana en trabajo remoto para garantizar la continuidad del servicio.
El segundo llamado se dirigió a las personas. Se habilitaron canales para reportar daños en viviendas, lesiones, dificultades de movilidad y necesidades de cuidado. Se levantaron censos de trabajadores afectados y se definieron responsables y tiempos de respuesta. Cada compañía entendió que las ausencias y retardos no podían tratarse automáticamente como faltas disciplinarias, y también, que el sismo, por sí solo, no constituía calamidad doméstica, fuerza mayor ni causal de suspensión del contrato.
Con la Circular 0096 de 2026, el Ministerio del Trabajo recordó alternativas que siguen vigentes: trabajo en casa, licencias, retiro de cesantías para vivienda y apoyos económicos voluntarios. Cada empresa debió diseñar, conforme a sus actividades, un plan de continuidad tanto de servicios como de estructura laboral para sus trabajadores.
Este ejercicio demostró que cuando lo imprevisto impacta, la responsabilidad no recae únicamente en quienes sufrieron daños. La solidaridad empresarial y la visión a futuro convierten la ayuda inmediata en recuperación sostenible, mediante decisiones concretas como anticipos de pago, préstamos, licencias temporales, anticipos de descansos, vigencia de acuerdos transitorios, reubicación de funciones, entre otras.
Lo ocurrido debe llevar a empresas y trabajadores a reflexionar sobre la necesidad de relaciones cercanas entre trabajadores, contratistas, terceros y empresas empleadoras sólidas. Una emergencia no debe ser el momento para descubrir que los datos de contacto de nuestros trabajadores están desactualizados, que nadie sabe quién reemplaza un cargo crítico o que el protocolo fue escrito sin conocer la realidad del lugar de trabajo. Estos hechos nos invitan a revisar cadenas de comunicación, mapas de riesgo, continuidad de nómina, apoyos psicosociales, trabajo alternativo, brigadas, rutas y simulacros. Los trabajadores deben entrenarse con protocolos adaptados a su realidad, no con consignas memorizadas.
La reconstrucción comienza con la atención de la urgencia, se impulsa con la solidaridad, pero solo se sostiene con prevención, coordinación y empleo, empleo que brindan compañías sólidas. La invitación es a actuar desde ahora: continuar acompañando a quienes fueron directamente afectados, movilizar la capacidad de quienes pueden ayudar y revisar, antes de la próxima emergencia, si nuestras empresas están preparadas para proteger la vida y continuar operando.
Proteger la empresa y proteger al trabajador son partes de una misma reconstrucción.
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