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jueves, 12 de abril de 2018

Sin atentar contra la soberanía alimentaria, respetando la autonomía de los agricultores, y teniendo como un importante reto la agricultura sostenible (agroecología), consideramos que debe abrirse un gran espacio desde el derecho para que los actores del agro tengan la posibilidad de hacer empresa.

Y, claro, hacer empresa puede significar un cambio en la forma de hacer las cosas, pues podría encontrarse que hay procedimientos que no son muy eficientes, o que, siendo costosos, no tienen un efecto positivo dentro del proceso agrícola que se adelante. Ahora, estamos convencidos que es posible hacer las cosas eficientes sin perder el interés en generar un impacto positivo en el entorno y en la sociedad.

“Empresarizar” el agro supone formalización. Sí: formalización. Aquí, creemos, la legislación tiene los mejores desincentivos (principalmente tributario y laboral). Algunos ejemplos – y pueden ser muchos más -:

• Están restringidos los pagos en efectivo para ser tenidos como descontables en el impuesto sobre la renta, así que debemos hacer pagos por vía bancaria pero, a su vez, está el 4×1000 (es decir, se debe bancarizar pero hay impuesto a transacciones bancarias);

• Cualquier pago a un independiente supone que éste debe cotizar en seguridad social lo que, a grandes rasgos, puede supone una disminución en su ingreso efectivo de 10%;

• Hay bastantes exclusiones en el agro que hacen que el IVA se pierda y le sea trasladado al consumidor;

Nota al margen: la informalidad, a cualquier nivel, restringe el acceso al crédito.
En segundo lugar, “empresarizar” supone orden. Orden en las finanzas, llevar contabilidad, metodología en cómo hacer las cosas, en cómo contratar, en planear. Y, en última instancia, y sin que signifique que no existan más criterios, “empresarizar” el agro supone modernización y mejora de procesos, tal como se mencionaba al inicio de este artículo.

Hay otro aspecto, y es que el agro suele ser una actividad familiar y, por esta condición, puede tener muchos problemas de gobernabilidad, principalmente cuando se está en segunda generación.

Hay muchas herramientas desde el derecho para apoyar esta visión y misión que busca que la “empresarización” deba ser una política de Estado. Las normas y las políticas pueden ser bien intencionadas pero mucho mejor si las buenas intenciones responden a necesidades reales de los empresarios, de los campesinos, sus familias, o, inclusive, de la tierra misma (¿censo agrícola 2019?).

Para las familias y las empresas, se han desarrollado en el derecho los protocolos de familia (sobre esto hay mucho por decir). Para la formalización, entender las necesidades específicas del sector, la forma de actuar y las sensibles distorsiones que genera introducir un tributo (sea impuesto, contribución o tasa), las retenciones, la alta carga tributaria, el ICA, IVA, etc.
De igual forma, a esto se suma una voz que se ha escuchado desde hace algún tiempo y es la generación de un régimen laboral específicamente agrícola. No es descabellado. Países similares o cercanos han ido evaluando esta posibilidad para responder a realidades.

El agro necesita del derecho, y necesita normas que entiendan las realidades, personas que quieran al agro y vean allí una gran herramienta – no la única – de crecimiento, mayor exportación, y, lo más importante, y como lo mencionamos, un vehículo para impactar positivamente el entorno y la sociedad.