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jueves, 6 de septiembre de 2018

Seguimos pensando que es el momento del agro. Lo es. Si no es ya, no va a ser nunca.

Y hay mucho para cambiar desde todos los polos posibles: el agricultor, ojalá no le tema a la tecnología, pero ojalá mantenga su “soberanía”; los intermediarios, ojalá entendieran que hay algo más allá que vender, y es, justamente, alimentar; los transformadores o procesadores, ojalá piensen, también, en el impacto positivo que pueden tener en el entorno; y, el Estado, ojalá entendiera que el exceso de regulación lleva, entre muchas otras cosas, a que los abogados tengamos mucho más trabajo, lo que significa mayores costos de transacción, informalidad, entre muchos efectos más.

Y es en este último aspecto – la híper regulación – en el que queremos llamar la atención.

¿Hay algún abogado que conozca todas las normas? ¿Hay algún abogado que conozca todas las normas que regulan la actividad en la que tiene más experiencia? Peor aun, ¿hay algún abogado que conozca todas las normas que regulan los temas a los que se dedica todos los días y por lo que recibe un salario? La respuesta más segura a estas preguntas es “NO”. Y si no lo sabe el abogado, ahora imagínese otro pobre mortal.

Entonces, digamos, por ejemplo, que vamos a cultivar aguacates con el objetivo de venderlo en el exterior. El aguacate necesita mucha agua, por lo que debo evaluar el drenaje, pero tener cuidado con los afluentes de agua para no contaminarlos. En esta corta frase ya hay dos autoridades que intervienen (y ninguna es el ICA).

Pero, por ejemplo, necesito realizar unas quemas controladas para disponer la tierra para la siembra. Allí ya necesito otras autorizaciones y permisos, dependiendo de la extensión del predio.

Y, ¿qué semilla puedo comprar? ¿Quién está autorizado para venderla? ¿Y qué cuidados debo tener con la aspersión de insumos agrícolas (sean químicos o biológicos que, por demás, son sustancialmente diferentes pero la norma aun no lo ha entendido)? ¿Y los monocultivos? ¿Hasta dónde llega la norma con este asunto?

Bien. Pero hemos podido sortear todos estos asuntos en los famosos aguacates, que hasta en la carrera por la presidencia dieron de qué hablar. Ahora, el siguiente paso, es la exportación.

¿Mi predio está registrado ante el ICA como predio exportador? ¿Y qué hay que cumplir, y cuánto me cuesta? ¿Estoy certificado con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)? ¿Tengo todos los permisos y autorizaciones para movilizar mis aguacates al puerto? ¿Tengo todos riesgos fitosanitarios controlados para poder estar en puerto? Y eso que no nos hemos metido en lo orgánico. Y eso que estamos hablando es de aguacates, y no de arándanos, o piña, o cítricos, o quién sabe qué más.

Y el uso del suelo, y las autorizaciones ambientales que suponen programas de adecuación ambiental y 1.000 cosas más, y el agua y energía eléctrica, y la extracción de madera, y los vertimientos, y 1.000 cosas más.

La sostenibilidad es un reto y un compromiso de todos. Todos dejamos huella y es nuestro deber que el impacto en el entorno sea positivo. ¿De verdad el Estado sigue pensando que la respuesta a todo es la regulación? No creemos, y estamos seguros que se pueden hacer las cosas bien y responsablemente, sin un exceso regulatorio y, casi, irracional. Las normas, en sí mismas, no hacen personas felices (a menos que generen incentivos tributarios; ahí sí, y bastante falta le hacen al agro). Por decreto no se cultiva más. ¡A racionalizar normas, sin perder de vista lo que se mencionó previamente: el impacto positivo en el entorno!