jueves, 4 de agosto de 2022
El equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro, publicó el informe del sector trabajo, el cual plantea un diagnóstico resumido del sector, los puntos de partida y las recomendaciones, esbozando de manera más aterrizada las acciones concretas que adelantará el Gobierno entrante para lograr sus objetivos, entre ellos los que consideran serían “victorias tempranas” en los primeros 100 días de Gobierno.
Dentro de las recomendaciones se incluyó particularmente el estudio de la derogatoria de la Ley 789 de 2002, con relación a la determinación legal de la jornada diurna y nocturna, los recargos por trabajo dominical o festivo y las indemnizaciones por despido sin justa causa, entre otros.
Recordemos que la Ley 789 de 2002, fue una reforma al código sustantivo del trabajo y la Ley 50 de 1990, que tenía por objetivo la promoción del empleo, flexibilizando parte del costo laboral a través de la modificación de algunos aspectos que afectaron en su momento la remuneración de los trabajadores, tales como la disminución de las horas de recargo nocturno, producto de la extensión de la jornada diurna u ordinaria hasta las 10:00 p. m. en lugar de las 6:00 p. m., la reducción del recargo dominical y festivo del 100% al 75%, y la disminución del número de días de indemnización por despido sin justa causa.
Cuando se expidió la Ley, se presentaron demandas de inconstitucionalidad, argumentando que esa reforma iba en contravía del principio de progresividad de los derechos laborales, sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C-038 de 2004, consideró que la promoción del empleo es una finalidad de importancia constitucional suficiente para autorizar una reforma laboral que redujese ciertas prerrogativas laborales.
Durante los casi 22 años de vigencia de la Ley 789 de 2002, se han presentado diversos proyectos de ley impulsados desde el Congreso de la República por parte de algunos congresistas entre ellos el electo presidente para derogarla, sin embargo, estas iniciativas no prosperaron, por los efectos que podría tener en la generación de empleo formal.
En consecuencia, existe una mayor probabilidad de que en las próximas legislaturas se derogue la ley 789 de 2002, retornando a un escenario de costo laboral similar al existente antes de su expedición.
Esta medida que en principio puede parecer loable y tener buen calado entre los trabajadores, también puede tener efectos en la competitividad y la generación de empleo formal, particularmente en las Pymes de carácter industrial, comercial o agrícola que no cuentan con músculo financiero que permita solventar ese nuevo costo laboral, incentivando desafortunadamente la vinculación no laboral, el abuso de los pagos no constitutivos de salario y la reducción de los horarios de trabajo para no generar recargos, mermando así la productividad y la dinámica económica.
Es momento de ser prácticos, replantear la visión del derecho del trabajo, apostarle a la flexibilidad con modelos de remuneración que estén directamente asociados a la productividad y tamaño de las empresas, que faciliten la realización de aportes a seguridad social y que contribuyan a la formalización, se debe tener una mirada en el mercado laboral de las próximas décadas y no con vista en el pasado.
Esperamos que el estudio de la derogatoria de la ley 789 de 2002, sea la oportunidad para que el nuevo Gobierno tenga una mirada más profunda, global, estructural y armonizada con el sector privado, que es el generador de más del 80% de trabajo en el país, de manera que la reforma que se proponga logre realmente oxigenar la formalización en lugar de asfixiarla, panorama que estaría en contravía de los retos que se ha trazado el nuevo Gobierno.
