Martes, 15 de octubre de 2013

Con el llamado “Boom minero”, el Estado colombiano preparó una iniciativa  con el fin de promover la extracción de minerales en el territorio nacional, invitando a las empresas mineras extranjeras para que ingresaran capital y desarrollaran los proyectos mineros de gran envergadura en el territorio nacional. Así mismo planeó, el fortalecimiento de la mediana y pequeña minería, entendiendo que se trataba de un espacio en el cual se generarían recursos para apoyar la educación, fortalecer el empleo y en ultimas vigorizar la economía del país.

El marcado interés por el sector minero, inició a mediados del 2001, año en el cual fue expedida la Ley 685, actual Código de Minas, y también se iniciaron cambios en las instituciones que serían las encargadas de otorgar los títulos mineros y hacerle seguimiento a los existentes. Posteriormente, y pese a la poca inversión que se le realizó al conocimiento geológico del país, se continuó esperando grandes dividendos para el Estado a través de la explotación de los minerales.

Con lo anterior algunas multinacionales ingresaron a nuestro país, con el fin de desarrollar sus proyectos en una clara confianza de poder realizarlo, invirtiendo grandes sumas de dinero en exploración, infraestructura y vinculando personal colombiano dentro de la actividad, para determinar si se constituían en proyectos de interés para estas compañías con el ánimo de desarrollarlos y trabajar en nuestro país. 

Posteriormente, de manera vertiginosa, empezaron a proliferar limitaciones ambientales en una clara protección de los ecosistemas, prohibiciones suscitadas por los alcaldes municipales para adelantar los proyectos mineros en su jurisdicción, a través de los POT´s trasgrediendo lo dispuesto en la Constitución y en la Ley, propagación de la minería ilegal y expedición de Decretos que fomentan el desarrollo de proyectos de formalización minera con el fin de vincular los mineros tradicionales en las actividades mineras que se vienen desarrollando, alta presencia de grupos al margen de la ley que impiden la ejecución de los proyectos, falta de coordinación de las entidades mineras y ambientales, entre las cuales se encuentra los titulares mineros a la expectativa que una o la otra, se oponga a la continuidad de las labores extractivas, falta de estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales para restringir la actividad minera y los procesos de restitución de tierras.

Con lo anterior, los inversionistas tras estar por más de diez años a la espera de iniciar actividades extractivas, sin poderlo lograr, y con el panorama que en la actualidad tenemos respecto de la posibilidad de desarrollar labores mineras, con el fin de no seguir enterrando capital en proyectos que nunca se llegaran a ejecutar, se inició la salida del país de dichas empresas y la pérdida de interés de los empresarios colombianos para continuar con los proyectos mineros, con la convicción que el Estado colombiano les vendió una idea que no se podía llevar a cabo avocando al apelativo que en Colombia existe un “Estado estafador”, con lo cual perdieron miles de millones de dólares y algunas empresas quebraron en nuestro país.

Ahora bien, vale la pena preguntarnos el motivo por el cual el gobierno colombiano, primero crea expectativas de negocio a las personas y compañías, sin contar con una legislación estable que determine las prohibiciones ambientales atendiendo a la marcada protección de los recursos naturales, y de las comunidades étnicas dentro del territorio nacional, sin siquiera promover para la organización del Catastro Minero Colombiano. 

Por tanto la sociedad en general deberá asumir, ahora, los estragos que traerá la falta de coordinación, la inseguridad jurídica y la falta de interés en realizar inversión en nuestro país, lo cual se traduce en un desajuste para quienes dependen directa o indirectamente de la actividad minera que se desarrollaba, y la falta de interés de hacerlo en nuestro país, con lo cual se afecta totalmente la confianza inversionista con las consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales que se empezarán a vivir, por ello  tendremos los minerales enterrados sin que se logren beneficios para la gran mayoría con su extracción,  y de esta manera se fomentará  la ilegalidad y la presencia de pasivos ambientales que nadie estará dispuesto a mitigar.