martes, 15 de abril de 2014
Colombia en la actualidad quiere pertenecer al llamado “Club de buenas prácticas” con lo cual recibió un informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Ocde, en el cual se hicieron 45 recomendaciones dentro de las cuales se busca que Colombia, realice una reforma fiscal que aumente el recaudo de impuestos relacionados con el medio ambiente, y en lo que respecta al sector minero tendría que recaer la reforma verde, pero cabe preguntarse si Colombia al querer entrar en dicho club, estaría desestimulando la inversión en este sector, el cual se encuentra tan perjudicado por las restricciones ambientales, sociales, etc., para los mineros formales, y por otra parte, no se observa que se tomen medidas reales que ataquen la gran presencia de minería ilegal en el territorio nacional que es la causa de la baja tributación y el detrimento de los recursos naturales.
La implementación de las medidas de cooperación que se instrumentan a través de los convenios internacionales de acuerdo a los estándares que determina la Ocde, se dan a través de mayores parámetros de transparencia internacional en temas fiscales, como muestran los acuerdos políticos de los últimos años para luchar contra los paraísos fiscales y ampliar el nivel de intercambio de información con los territorios de nula o baja tributación.
Por su parte, Las explotaciones ilegales de minería se encuentran a lo largo del territorio colombiano, y al no contar con el correspondiente título minero, se evade el pago de impuestos y de regalías, por ello el gobierno nacional debe emprender las acciones necesarias para limitar y erradicar la explotación ilegal de minerales que se presenta en nuestro país, y de esta manera hacer que la tributación sea asumida por quienes en este momento la evaden. Así mismo que se hagan efectivas las medidas de cobro para los mineros ilegales que contaminan y degradan el medio ambiente.
Según el Pnud (2011), además del efecto negativo que tiene la minería ilegal sobre las condiciones de vida de los pobladores rurales y trabajadores que se dedican a esta actividad, la extracción ilegal tiene impactos ambientales importantes como la destrucción de fauna y flora así como la contaminación de las aguas, dado que este tipo de minería elude sistemas de control, como la licencia ambiental y en ocasiones se desarrolla en áreas de protección ambiental, ocasionando daños irreversibles e irreparables a ecosistemas protegidos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2010), en 44% de los municipios del país ha existido minería ilegal entre 2008 y 2010, es decir casi en 50% del territorio nacional, lo cual es una estadística desalentadora.
La legitimidad de los actos soft law tienen tanto defensores como detractores, sin embargo, lo indudable es que debido al escaso avance de la normatividad local, estas nuevas fuentes están teniendo un papel fundamental. No cabe duda que dichos instrumentos pueden obtener un resultado mucho más efectivo, en cuanto a la coordinación fiscal se refiere, pero se debe trabajar implementando mecanismos para combatir de manera real la falta de tributación y hacerle frente a la corrupción como fuente generadora de dichas prácticas, asumiendo de manera clara las medidas que realmente impactan en la tributación y su evasión, pues la minería formal asume cada vez más obligaciones con lo cual se desestimula la inversión y no se ataca el problema de raíz.
