martes, 12 de diciembre de 2023

En el contexto de la COP28 que se desarrolla en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), el presidente Petro presentó un paquete de proyectos sostenibles valorados en más de US$150 millones. Sin embargo, la búsqueda de financiación para el desarrollo de iniciativas estratégicas como la reactivación del proyecto Salinas de Manaure o la protección de los ecosistemas en el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete requiere la implementación de medidas concretas que aseguren no solo la bancabilidad de los proyectos sino también certeza jurídica sobre el terreno de juego para quienes le apuesten a la financiación de la sostenibilidad. Para ello, es necesario definir:

• El desarrollo de APPs Verdes

El primer aspecto por definir es la forma en que se pretende implementar y desarrollar el conjunto de proyectos anunciados. En ese sentido, es necesario determinar si la intención del Presidente y su gobierno es capitalizar la experiencia en materia de asociaciones público-privada (APPs) o, por el contrario, llevar a cabo una ejecución 100% pública.

Si bien la implementación de proyectos que busquen la protección ambiental o la reducción en la pérdida de biodiversidad a través de esquemas de asociación público-privada (APPs) en Colombia ha sido limitada, es indudable que este tipo de asociaciones ha sido en gran parte el motor de desarrollo en materia de infraestructura económica y social en Colombia durante los últimos 10 años.
El artículo 239 del Plan Nacional de Desarrollo, en virtud del cual se permite el desarrollo de APPs que tengan por objeto la protección ambiental del país, es una declaración de intenciones bien encaminada. Sin embargo, su articulación con la Ley 1508 de 2012 y la forma en que se reglamentará el desarrollo de este tipo de proyectos es una tarea pendiente.

• Rol de la Agencia Nacional de Infraestructura

La segunda tarea pendiente es definir cuál será el rol de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en la estructuración y desarrollo de los proyectos anunciados.

El anuncio de medidas tales como la reorganización de la ANI o la transferencia de algunas de sus competencias al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) contrasta con la necesidad de tener una arquitectura institucional sólida y, sobre todo, técnica, para quienes le apuesten al desarrollo sostenible del país.

• Vigencias Futuras en Dólares – Disponibilidad de Recursos

Por último, es necesario explorar la posibilidad de contar con vigencias futuras denominadas en dólares, que mitiguen los eventuales riesgos de tasa de cambio a los que puedan estar expuestos quienes financien o inviertan en estos proyectos.

Las vigencias futuras son un instrumento presupuestal regulado por ley mediante el cual se permite a las entidades estatales comprometer partidas presupuestales de inversión correspondientes a presupuestos de vigencias fiscales futuras. En ese sentido, el instrumento es visto por inversionistas y financiadores como una garantía indirecta para el pago de las obligaciones asumidas por el Estado en los contratos de concesión.

Si bien los proyectos anunciados contemplan componentes sociales y ambientales atractivos para inversionistas y financiadores internacionales, su ejecución debe ir acompañada por la mitigación de eventuales riesgos de tasa de cambio. Por lo tanto, si la ejecución de los proyectos anunciados pretende desarrollarse a través de contratos de concesión o APPs, el reto está, entonces, en reconsiderar la inclusión de vigencias futuras en dólares y garantizar su disponibilidad presupuestal.
Dicho lo anterior, felicitaciones Presidente por el qué. Ahora falta el cómo.