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Lunes, 27 de julio de 2015

Tal interés debe ser celebrado, en vista de la importancia y urgencia de una revisión del derecho tributario vigente, que más que un “sistema” es un conjunto de disposiciones y tributos inconexos, injustos en cuanto a la distribución de cargas y beneficios y, en todo caso, insuficientes para atender los compromisos de gasto vigentes. Esa colcha de retazos, que reúne normas de emergencia, “micos” y viejas reformas estructurales, es la precaria herramienta con que cuenta el Estado colombiano para financiar, en un contexto de desaceleración económica global, las crecientes necesidades en pensiones, infraestructura, salud, educación y posconflicto (con o sin acuerdo de paz). Retos estos que, aunque cueste reconocerlo, solo pueden ser afrontados con la intervención del Estado.  

La corrupción, sin duda, afecta gravemente las finanzas públicas, pero para dimensionar la estrechez de las cuentas basta con reparar en que, para el 2015, el gasto estimado solo en pensiones (34 billones), salud (19 billones), educación (29 billones), defensa (28 billones) y deuda pública (47 billones), abarca el 73% del total del Presupuesto General. La reforma tributaria de 2014 intentó cubrir un déficit cercano a 12.5 billones para 2015, pero la Contraloría advirtió que en realidad podría ser superior a 23 billones. 

El recaudo del impuesto a la riqueza se estima en menos de 6 billones, cifra relativamente menor teniendo en cuenta el rechazo que generó, y el “impuesto de normalización tributaria” solo ha producido unos $300.000 millones, además de estar pendiente de que la Corte Constitucional decida sobre su constitucionalidad, que a juicio de la Procuraduría debe ser negada retroactivamente.   

Isagen solo podrá venderse una vez, si acaso, y en materia de petróleo las perspectivas no son alentadoras, dada la posible vuelta de Irán a los mercados y la creciente eficiencia de los frackers norteamericanos, que con técnicas de extracción cada vez más refinadas comienzan a ser rentables con precios inferiores a US$60 por barril. 

Esos inesperados y bien situados competidores, los altos costos de producción propios de la geografía colombiana, y el renovado furor del impuesto de renta para las empresas formales (tarifas hasta del 38%-43% para los años 2015 a 2019), indican que el petróleo, que hasta hace poco dejó ubérrimas regalías y recursos fiscales, y empleo directo en una proporción menor, tomará alguna pausa en su papel de “locomotora” del desarrollo. Algo similar se anuncia en la industria minera. 

La lucha contra la evasión, de ser asumida como un objetivo de primer orden, produciría más recaudo que aumentar tarifas o imponer nuevos impuestos y, sobre todo, haría más equitativa la distribución de las cargas públicas. Ese esfuerzo, sin embargo, toma tiempo, es poco atractivo electoralmente e, históricamente, no ha sido una prioridad política. 

Así, a pesar de los anuncios, la reforma tributaria parece inevitable y cercana. Solo queda esperar que no se limite a un incremento del IVA, u otras medidas simplemente recaudatorias, olvidándose de las profundas dolencias estructurales del sistema fiscal.