martes, 30 de junio de 2020
Mucho se ha discutido sobre la independencia que debe existir entre la autoridad de competencia y el ejecutivo y la necesidad de garantizar que las decisiones se adopten con criterios técnicos, en derecho y sin ninguna injerencia política.
Esta discusión se tornó especialmente álgida a raíz de los señalamientos que se le hicieron la semana pasado al Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, de estar cediendo a la presión y a las influencias indebidas del presidente Trump para tomar decisiones en materia de integraciones y de competencia comercial.
Se acusa al DOJ de abusar de su poder con el propósito de obstruir o favorecer investigaciones de competencia por motivos políticos, al margen de las consideraciones técnicas que deben regir este tipo de decisiones.
Según The Economist, el Departamento de Justicia no es una entidad completamente autónoma e independiente, dado que el presidente es quien nomina al fiscal general, y determina las políticas sobre el manejo de los recursos y dirección de esa entidad.
Uno de los casos de esa influencia perniciosa surgió como consecuencia de las acusaciones de John Elias, fiscal federal del Departamento de Justicia, contra el fiscal general William Barr, quien solicitó investigar si este último había incurrido en un abuso de poder, por cuanto Barr le habría ordenado a la subdirección de competencia del Departamento de Justicia, realizar una investigación a profundidad en torno de la totalidad de integraciones relacionadas con los productores de cannabis, a pesar de que esas operaciones no generaban ninguna preocupación real, desde el punto de vista de competencia.
Lo anterior, toda vez que se trataba de pequeñas compañías que tenían una muy baja participación en un mercado extremadamente fragmentado. Elias quien rindió una declaración ante el US House Committe, el 24 de junio pasado (https://www.documentcloud.org/documents/6955299-Elias-Written-Testimony-Hjc.html), manifestó que el asunto llegó hasta el extremo de presentarse maniobras actuaciones dilatorias por parte del Departamento de Justicia, con la finalidad de prevenir la autorización de la integración, todo ello obedeció a que Barr no estaba de acuerdo con la naturaleza de este tipo de negocios.
Lo anterior muestra la necesidad de rescatar y proteger al máximo la independencia de las autoridades de competencia, para evitar que ellas se vean permeadas por este tipo de presiones.
Situaciones de este talante, que no eran de frecuente ocurrencia en ese país, coinciden además con el impulso que está tomando en el mundo la corriente que propende por la prevalencia de la eficiencia administrativa sobre las garantías constitucionales, en el campo del derecho sancionatorio y que esta llevando a un estado policía en el que principios como la presunción de inocencia, tipicidad y reserva de ley, la prohibición de no declarar contra sí mismo y otros, que constituyen los pilares fundamentales de todo estado derecho, se están desdibujando, cada día más.
Hay que revindicar, insistir y persistir en el respeto riguroso de las garantías fundamentales y en evitar que se desdibuje el sistema de pesos y contrapesos que permiten proteger al ciudadano del inconmensurable poder del estado.
PD. ¿Quién podrá poner de acuerdo a los alcaldes en la forma de aplicar las excepciones al aislamiento; los horarios de movilización, los pico y género, etc.? Por favor que alguien nos salve de este caos.
