La geopolítica limita la IA

El 12 de junio, apenas tres días después del lanzamiento de Fable 5 y Mythos 5 —los modelos de IA más avanzados que se han lanzado al mercado—, Anthropic informó que el gobierno de EE. UU. le había ordenado suspender, por razones de seguridad nacional, el acceso de cualquier ciudadano extranjero a esos sistemas, dentro o fuera de Estados Unidos, incluidos sus propios empleados extranjeros.

En cumplimiento de la orden, Anthropic suspendió abruptamente el acceso a ambos modelos para todos sus clientes.

Según la compañía, la instrucción oficial no precisó cuál era la amenaza concreta para la seguridad nacional.

Al parecer, se invocó un posible jailbreak —es decir, una forma de evadir los controles de seguridad del modelo—, aunque no se trató de una vulnerabilidad generalizada.

El riesgo estaría en que un sistema avanzado pueda ser manipulado para generar información sensible, habilitar usos indebidos o burlar las restricciones incorporadas por sus desarrolladores.

Con todo, no se explicó por qué ese riesgo justificaba una prohibición de semejante alcance, basada en la nacionalidad o el origen de los usuarios.

Aún no es posible dimensionar plenamente el alcance de esta medida ni sus implicaciones.

Lo anterior plantea una pregunta inevitable: ¿hacia dónde va realmente el mundo si el acceso a las tecnologías más avanzadas empieza a restringirse por criterios de origen, nacionalidad o procedencia territorial?

La prohibición gira en torno a una característica personal que es ajena a la capacidad de elección del sujeto afectado y, peor aún, sustituye la evaluación individual por una presunción de riesgo asociada a una colectividad.

Pero ¿persigue esa decisión realmente una finalidad legítima?, ¿en qué evidencia se fundamenta? y ¿no existe una alternativa menos restrictiva para lograr los fines que supuestamente se persiguen con ella?

Al fin de cuentas, la IA se ha convertido en un insumo esencial no solo para la vida diaria, sino también para programar, investigar, automatizar, litigar, diseñar y competir.

Lo cierto es que la prohibición va a restringir oportunidades económicas, educativas, científicas y laborales en función del lugar de nacimiento y, por ello, puede afectar derechos fundamentales como el trabajo, la libre competencia, la educación y el acceso a los beneficios del progreso científico, entre otros.

Además, puede consolidar estratos tecnológicos determinados por el lugar de nacimiento y profundizar una brecha digital que ya es, de por sí, abismal.

La orden de suspensión también transmite la idea de que ciertas personas son menos confiables o aptas para acceder a determinados avances tecnológicos, con base en generalizaciones o sospechas, lo que afecta el reconocimiento de toda persona como sujeto de derechos.

Pero, además, dado que la IA se ha consolidado como una herramienta productiva, restringir su acceso por el lugar de nacimiento es una forma de organizar e interferir la competencia global.

Por consiguiente, aquí la gran disputa no será quién desarrolla la mejor IA, sino quién decide —y con qué límites jurídicos— quién puede usarla, quién compite y quién queda excluido.

En la era de la inteligencia artificial, el viejo “derecho a tener derechos” del que habló Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo —el derecho de toda persona a pertenecer a una comunidad política y social que garantice su dignidad— cobra más vigencia que nunca.

En la era digital, ese derecho debe incluir la posibilidad de acceder, sin exclusiones basadas en el origen o la nacionalidad, a las tecnologías que permiten aprender, trabajar, crear y competir.