lunes, 18 de junio de 2018

Se encuentra ad portas de convertirse en ley, un proyecto que establece que, además de los requisitos exigidos por las universidades, para el ejercicio del Derecho, el graduado debe presentar un Examen de Estado de Calidad en Educación Superior. Su aprobación sería requisito para la expedición de la Tarjeta Profesional.

Según la exposición de motivos del proyecto, el ejercicio de la profesión de abogado implica un alto riesgo social y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la “idoneidad” de los graduados. Es decir, hay reservas acerca de la calidad de la formación de de los abogados.

El Gobierno ha sido laxo e irresponsable ante la obligación de frenar la proliferación de universidades “de garaje” que gradúan malos profesionales. Los proponentes de la ley plantean el examen de Estado con el fin de controlar la proliferación de abogados que ingresan sin ningún tipo de control académico a las filas de la profesión y disminuir la catarata de faltas disciplinarias y los graves problemas de corrupción que afectan al Derecho en Colombia.

El mensaje que transmite el proyecto es claro y muy malo: ninguna universidad colombiana, pública o privada, debidamente acreditada, está en capacidad de garantizar la idoneidad y calidad profesional de los abogados que forma. El examen propuesto descalifica por igual a las universidades que cuentan con una larga experiencia y tradición en la evaluación de las calidades académicas que se requieren para ejercer el derecho y a aquellas que se mueven en la informalidad y no tienen ninguna estructra o tradición acádemica.

El proyecto de ley ignora que ni la corrupción ni la idoneidad profesional pueden enfrentarse o corrigirse a través de trámites y procedimientos burocráticos, dispendiosos, innecesarios y costosos. Como mínimo es ingenuo pensar que las faltas contra la ética profesional se pueden prevenir a través de una evaluación académica. Es palmario para demostrarlo el aberrante escándalo que acaba de estallar en el programa “Ser Pilo Paga” con estudiantes y profesionales de gran desempeño académico, que se alquilaban a alto costo para suplantar a malos estudiantes y presentar exámenes de admisión en su nombre.

La corrupción que se extiende en Colombia también ha permeado desde hace muchos años a la academia y un síntoma nítido es la existencia y proliferación de universidades de garaje, en las que más que un rector, hay un dueño o mejor un mercader de ilusiones y en las que la prioridad está en aumentar, de cualquier forma, el número de estudiantes sin considerar la calidad de la educación que ofrecen. Son precisamente estos los establecimientos que deben ser objeto de la acción del Estado para corregir los gravísimos problemas de todo orden que ocasionan los malos profesionales, no solo del derecho.

No hay nada que indique que el Estado esté mejor capacitado que las universidades para determinar que sus estudiantes están preparados para ejercer. Pero desde la misma lógica si se establece examen de Estado para garantizar la idoneidad de los abogados, también habría que establecerlos para los ingenieros -y evitar que se caigan los puentes-, o para que los médicos hagan bien su trabajo.

Resulta contradictorio que justo en el momento en que se aspira a adoptar las buenas prácticas que consagra la Ocde, se agregue a los requisitos para ser abogado este tramite, que se suma a la epidemia burocrática que aflige a nuestro país y que grava de manera innecesaria la calidad de vida de los ciudadanos, amén de que se puede convertir en otra fuente de corrupción como el que los medios han llamado el “Cartel de los Intelectuales”. Los esfuerzos, recursos e infraestructura que requerirán este nuevo examen tendrían mejor destino en acometer la eliminación de instituciones de garaje, en la restructuración del sistema disciplinario o en el desarrollo de una estrategia eficaz para agilizar y descongestionar los procesos cuya inverosismil duración en Colombia, implica una verdadera denegación de justicia.