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lunes, 23 de noviembre de 2020

En este espacio se ha resaltado, con especial preocupación, las connotaciones políticas que ha marcado la controversia en torno de las plataformas digitales.
Pues bien. El 10 noviembre Margarite Vestagger anunció nuevos cargos contra Amazon, por parte de la Comisión de la Unión Europea, en el marco de la investigación que data de 2019.

Vestagger ha afirmado que preliminarmente se puede concluir que Amazon habría abusado de su posición de dominio, al utilizar los datos a los que tiene acceso, para obtener una ventaja comercial sobre sus rivales.

En Estados Unidos, la discusión sobre las finalidades del antitrust ha cobrado especial relevancia a partir de las investigaciones del congreso de ese país en contra de las Big Tech; allí las normas de competencia, como las de muchas otras jurisdicciones, se fundamentan en los ideales del laissez fair francés -dejar hacer y dejar pasar, que le han dado preponderancia al bien estar del consumidor y a los precios a los que se les ofertan bienes, producto de la libre competencia.

No obstante, los detractores, que abogan por el denominado “hípster antitrust”, han planteado que el bienestar del consumidor constituye un estándar de compleja aplicación en los mercados digitales en los que concurren las Big Tech que, aunque por lo general no cobran ninguna suma al consumidor, se lucran, sin embargo, de servicios conexos como los datos y la publicidad.

Precisamente, en el reporte presentado por el Congreso de los EE.UU., en octubre pasado, sobre el monopolio de los gigantes tecnológicos, se propuso ampliar el espectro de las normas antimonopolio sobre la base de que su ámbito de aplicación no puede limitarse solo al interés del consumidor, sino que debe propender también por la protección del libre mercado, de los ideales democráticos, así como de la estabilidad de trabajadores, emprendedores y de negocios independientes.

La China se acaba de sumar a la discusión. La Administración Estatal para la Regulación del Mercado de ese país (Samr), publicó un borrador de reglas encaminadas a prevenir comportamientos monopolísticos y anticompetitivos en las plataformas digitales.

Un artículo titulado “The intimidation Game” publicado por The Economist, concluye que esa iniciativa tiene como fin ulterior el de neutralizar el poder económico que las empresas tecnológicas han adquirido en el mercado chino, pero en aras de imponer los objetivos políticos trazados por Xi Ping, usando el antitrust como una herramienta más para alinear al sector privado, renuente a doblegarse ante esa dictadura.

El artículo hace referencia a Sun Xin académico del King`s College London, quien ha afirmado que estos recursos en manos de las firmas tecnológicas deben controlarse de manera estricta, de tal forma que se garantice la lealtad política al régimen chino por parte de empresas y emprendedores.

Lo anterior muestra una vez más que la discusión en torno de este asunto está interferida por razones políticas, algunas veces con matices populistas, que pueden distorsionar el análisis desde la perspectiva del antitrust.

Es claro que la era digital ha introducido innovaciones disruptivas y nuevas formas de concurrir a los mercados, que ciertamente plantean complejos interrogantes y han sido motivo de saludables discusiones. Pero en medio de esta borrasca, es imprescindible analizar los verdaderos efectos que estos avances han tenido en los mercados y garantizar que las propuestas de actualizaciones normativas se fundamenten en la evidencia y no en ideologías al servicio de la política.