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martes, 1 de noviembre de 2016

El asunto se remonta a los orígenes mismos de la Organización, que nace apenas dos años después de la Revolución de Octubre que instauró el comunismo en Rusia y luego en varios países del mundo. Frente a un discurso basado en la dialéctica marxista del capital versus el trabajo, que se traducía en la lucha de clases, la violencia como partera de la revolución, la abolición del Estado liberal burgués y la final implantación de la dictadura del proletariado, la OIT propuso a la humanidad un discurso basado en una dialéctica relativamente similar a la marxista pero con rostro humano y práctico: la confrontación entre los intereses de los trabajadores y de los empresarios, superable por vía del tripartismo, esto es, reconocer a los trabajadores y a los empleadores la autonomía necesaria para conformar las organizaciones que a tal fin considerasen convenientes y confluir así en el Diálogo Social como vehículo insustituible para llevar a cabo la necesaria y saludable confrontación de dichos intereses. 

El derecho de asociación así concebido se diferenciaba por completo del mal denominado derecho de asociación vigente en los países de la Cortina de Hierro, que venía a ser la expresión de la sumisión total del individuo al régimen, no siendo admisible la existencia de sindicatos por fuera de los dictados del partido, en un todo contrario con la amplitud reconocida por el artículo 2º del convenio en cuestión. El caso del sindicato Solidaridad en Polonia constituyó un momento crucial de la historia de la OIT y contribuyó al fin del comunismo sin llegar a cuestionarlo desde el punto de vista político.

Usualmente la historia de la caída del Muro de Berlín y el consecuente desplome de los regímenes comunistas se ha atribuido a la gesta de dos personajes del siglo XX, el Papa Juan Pablo Segundo y el presidente Estados Unidos Ronald Reagan. Sin embargo, un actor jugó papel crucial en este momento histórico: El Comité de Libertad Sindical de la OIT, al cual llegó la denuncia formulada por Solidaridad contra el gobierno de su país por violación al Convenio número 87, dados los múltiples problemas afrontados tanto por el sindicato como por lo sindicalistas, que iban desde la negativa al registro de la misma hasta las persecuciones policiacas y los encarcelamientos. Hay quienes afirman que la izquierda en el poder es lo mejor que hay para negar lo que demanda cuando no tiene el poder. Exactamente eso ocurría con la libertad de  reunión, de palabra y de asociación en la Polonia de la época del señor Lech Walesa. El Partido omnipresente no admitía la existencia de una organización sindical por fuera de él y, en consecuencia, debería caerle a ella y a sus miembros todo el peso de la ley.

Pues bien, el Comité se avocó al conocimiento de la queja y recomendó al gobierno que, independientemente del régimen político de que se tratara, diera aplicación al Convenio 87 y reconociera a Solidaridad. El pronunciamiento del Comité, aprobado por el Consejo de Administración, como es natural, constituyó el puntillazo final al régimen. Sin embargo, es una historia que solo se cuenta discretamente en algunos de los largos pasillos del edificio de la OIT en Ginebra.