sábado, 8 de febrero de 2014
En la medida en que se acerca la fecha de las elecciones parlamentarias, se hace cada vez más evidente la falta absoluta de las más elementales garantías para la oposición de izquierda.
Desde tiempo atrás, las bandas paramilitares, que, contra toda evidencia, el gobierno asegura que ya no existen, vienen profiriendo amenazas de muerte contra numerosos dirigentes políticos de izquierda, sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes populares, amparadas por la impunidad que desde siempre ha rodeado la inmensa mayoría de sus crímenes.
El pasado 2 de febrero, los Comandos Urbanos de “Los Rastrojos” hicieron llegar un Comunicado en el que ofrecen recompensas hasta de 50 millones de pesos para los comandos que asesinen a los dirigentes de la Unión Patriótica Aida Abella, Omer Calderón, Carlos Lozano y Jaime Caycedo; a los dirigentes de la Marcha Patriótica Piedad Córdoba, David Flórez, Andrés Gil, Carlos Lozano, Carlos García, Nidia Quintero, Luis Betancur, Eberto Díaz, Javier Cuadros y todos los coordinadores departamentales, y a los dirigentes de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, Oscar Salazar, Yuli Anzueta, Olga Quintero, Andrés Gil, Luis Betancur, Carlos García, Mauricio Ramos, Rigoberto Jiménez y Luz Perly Córdoba.
Este hecho execrable se suma a las amenazas, desplazamientos forzados, asesinatos y otros crímenes de que son víctimas muchos colombianos por el único delito de no ser incondicionales del régimen. El exterminio de la Unión Patriótica, por ejemplo, no ha terminado, y el pasado 8 de octubre fueron asesinados los sobrevivientes de esa organización, Milciades Cano Trujillo y Nancy Vargas, en Algeciras (Huila), en tanto que la Marcha Patriótica, que aún no cumple dos años de existencia, contabiliza 30 compañeros asesinados y varios desaparecidos.
De otra parte, desde los más altos niveles del gobierno hay una campaña de macartización contra la Marcha Patriótica, acusándola de tener vínculos con las Farc, tarea de la cual son bien conocidos los frecuentes señalamientos del Ministro de Defensa, quien es, además, un francotirador contra el proceso de paz.
Para completar el cuadro, la Fiscalía General de la Nación ha ordenado varias detenciones, entre ellas la de Huber Ballesteros, miembro de los comités ejecutivos de Fensuagro y la CUT; Francisco Javier Toloza Fuentes, responsable en la Comisión Internacional de la Marcha Patriótica, y Wilmer Madroñero, integrante de la Junta Patriótica Nacional, a las que seguramente seguirán otros porque hay alrededor de 200 compañeros judicializados, por lo general, bajo la acusación de estar ligados a las Farc.
Mientras los candidatos del régimen dominante, incluida la extrema derecha, gozan de todas las garantías y disponen de inmensos recursos económicos para la campaña electoral, la izquierda sigue sometida a las más variadas formas de antidemocracia y persecución al tiempo que el gobierno hace repetidos discursos sobre supuestas garantías iguales para todos.
Ante esta difícil situación, condenamos de la manera más enfática las amenazas, reafirmamos nuestra solidaridad con las víctimas y exigimos del gobierno que respete el derecho a hacer oposición y otorgue iguales garantías a todos los sectores políticos del país.
