lunes, 9 de noviembre de 2015
Este es un sistema de remuneración que permite hacer inversiones en recursos de generación eléctrica, para garantizar en condiciones de crisis el abastecimiento necesario a la demanda de energía eléctrica con precios razonables.
Al superar los precios de escases en bolsa, los generadores de energía podrían eventualmente recibir un excedente de dinero fijo, independiente del de su participación diaria en el mercado mayorista de energía, este modelo de supuesto cargo por confiabilidad se aplica desde 2006; el cargo por “confiabilidad” no es otra cosa diferente a un cobro que pagan todos los colombianos a través de la facturación de energía, que asegura que en condiciones de bajo nivel de los embalses, las plantas de generación térmica estén listas para producir energía, al parecer lo que pagamos todos los colombianos de “confiabilidad” se fue al traste.
Las cifras así lo reflejan: al parecer a todos los colombianos nos van a trasladar la suma de $270.000 millones, solo en octubre, en los últimos años por cuenta del cargo por confiabilidad el sector energético ha recibido cerca de US$1.000 millones por año, para cubrir las expectativas establecidas para contar con un servicio de energía confiable en el país por parte del parque energético. Hasta ahí todo va muy bien pues hay que tener claro que Colombia no se ha apagado, cuando en la región, países como Argentina y Venezuela han sufrido racionamientos de energía por fallas en la generación en momentos de crisis.
Hay que advertir que el paradigma de la Creg no ha sido el mejor, pues hay serios reparos o yerros en la política de recargos que se le están imponiendo a la demanda vía restricciones, pues en una tarifa que debería estar entre los ocho y 12 pesos por Kwh en la tarifa eléctrica total, de manera abrupta y sin razones que lo justifiquen se le liquida a la demanda, un valor de restricción cercano a los $120/kwh. Pero al parecer a la Creg poco o nada le importa, sintieron algo de rubor en su momento, y modificaron la resolución 159 de 2015 por la 172 la cual fijo el valor total de restricción en $60/Kwh, situación que aún sigue siendo vergonzosa y alarmante.
Si estos siguen siendo los criterios para manejar la política de confiabilidad energética del país, sin suficiente sustento, argumentación y estudios sólidos, sobraría advertir que el cargo por confiabilidad genera todo menos confianza y energía eléctrica, máxime cuando a la demanda se le traslada la responsabilidad económica, aunado a ello el incremento sospechosamente alto de precios de escases, circunstancia que es incomoda teniendo en cuenta que hemos pasado por periodos más críticos y nunca había subido tanto, lo más seguro es que si evidenciamos factores de comparación que prueben esta teoría, no queda otro camino que acudir a los estrados judiciales para que no nos sigan metiendo la mano al bolsillo.
