En los últimos años, Colombia ha sido testigo de la llegada de nuevas actividades y plataformas que, como se ha discutido ampliamente, no cuentan con una regulación específica. Esto ha planteado grandes retos al momento de determinar qué tipo de actividad económica representan o a cuál podrían asemejarse. El derecho urbanístico no ha sido ajeno a este escenario.
En virtud de lo anterior, esta columna se centra en resaltar algunas dificultades que existen para encuadrar ciertas actividades dentro de los usos de suelo definidos por los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Lo anterior especialmente cuando estos usos no han sido objetivo de revisión o modificación, y como consecuencia quedan, en ocasiones, desactualizados frente a nuevas dinámicas económicas.
Cuando se pretende abrir un establecimiento de comercio en Colombia, es indispensable verificar si se cuenta con el uso del suelo, según lo establecido en el POT del respectivo municipio. Si la actividad no se encuadra dentro de un uso del suelo permitido, condicionado o restringido, debe entenderse como prohibido. Sin embargo, ¿Qué sucede cuando se trata de actividades emergentes no reguladas expresamente en el POT?
La respuesta estricta sería que, al no estar expresamente permitidas, estas actividades no pueden desarrollarse. No obstante, adoptar esta postura limitaría significativamente el desarrollo económico de muchos municipios y distritos del país.
Otra alternativa sería analizar cómo se regulan los usos de suelo en el respectivo POT. Algunos POT son más flexibles y ofrecen definiciones generales de las actividades a desarrollar que permiten una interpretación más amplia, lo que facilita la inclusión de nuevas actividades. Otros POT, en cambio, son más restrictivos y listan, taxativamente, actividades utilizando códigos CIIU, lo que limita al máximo el margen de interpretación.
Tomemos como ejemplo la vivienda turística, que ocurre con plataformas tales como Airbnb. Su naturaleza híbrida entre lo turístico y residencial genera debate sobre su clasificación. Aunque algunos POT ya regulan esta figura, muchos no la han desarrollado, lo que obliga a interpretar si se trata de un uso residencial o turístico. Lo mismo sucede con los centros de datos (data centers), que algunos POT clasifican como actividad industrial y otros como de servicios.
En ambos ejemplos, no existe postura unificada. Ello obliga a interpretar cada POT con detenimiento para intentar encuadrar las actividades. Esta ambigüedad responde, en gran medida, a la desactualización de muchos POT.
Sea cual sea el caso, cuando se pretenda desarrollar alguna de estas actividades no contempladas expresamente en los POT, las Secretarías de Planeación, las curadurías urbanas y los promotores de los proyectos deben realizar una labor rigurosa de interpretación normativa. Esta tarea implica analizar con detenimiento el contenido del POT vigente para intentar encuadrar la actividad dentro de los usos de suelo permitidos.
Sin duda, la falta de actualización y flexibilidad en los POT representa un obstáculo para el desarrollo de nuevas actividades económicas en Colombia. Como consecuencia, resulta necesario que los municipios revisen o modifiquen sus POT, incorporando enfoques más modernos y dinámicos que respondan a las transformaciones del mercado y a las necesidades de innovación. Solo así se podrá garantizar un crecimiento económico adaptado a los desafíos del presente.
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