miércoles, 14 de febrero de 2024

El reciente ataque contra Jesús Cárdenas, ocurrido el sábado 10 de febrero frente a la Cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena, es un trágico recordatorio de la peligrosa situación que enfrenta no solo el personal de custodia en nuestras cárceles sino la ciudadanía entera.

Lamentablemente, este incidente no es un caso aislado. Se suma a una serie de agresiones contra el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en distintas partes del país.
Entre los antecedentes que llevaron a esta determinación también se destaca un incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria, Además, se observa un aumento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al 2023, puesto que este año se han registrado dos muertes de dragoneantes, en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.

Como resultado, el país se enfrenta a su cuarta emergencia carcelaria desde la proclamación de la Constitución política de 1991. Esto, es un llamado urgente a impulsar las reformas no solo al INPEC, sino a la justicia que ha impulsado el Dr. Osuna como Ministro de Justicia. A esto debemos sumarle el Estado de cosas Inconstitucionales en el que nos encontramos casi de manera permanente.
En Colombia, esta temática no ha sido abordada adecuadamente, pues, la situación de las personas privadas de su libertad cada día es más lamentable en relación con la violación permanente y sistemática de Derechos Humanos. Esto es un llamado a que ataquemos las verdaderas causas de esta emergencia y a que no le pongamos más paños de agua tibia.

Es claro que las cárceles son todo menos un espacio para la resocialización de los infractores de la ley penal. Por el contrario, adentro de las cárceles se sigue delinquiendo y cuando salen de los penales, son casi nulas las oportunidades que la población de personas privadas de su libertad tiene para rehacer su vida en sociedad y cambiar el rumbo de sus vidas hacia la legalidad. En las circunstancias de hacinamiento en que están las cárceles del país es imposible implementar programas de resocialización que sean eficientes. Por eso es tan importante poner sobre la mesa la des tipificación de conductas penales que deberían ser resultas a través de otras vías del Derecho. No nos cansaremos de decirlo, el derecho penal es la última ratio. El resultado de estas reformas populistas, donde se plasma en la ley lo que las masas quieren ver, así no de resultados, nos ha traído a donde estamos.

Hemos criticado con firmeza que las reformas a la justicia han respondido a razones de populismo punitivo y no a una verdadera política criminal. El aumento de las penas no ha reflejado menos índices de criminalidad, ni tampoco la prohibición de concesión de subrogados penales. Lo que sí puede traducirse en un verdadero cambio es una reforma que abarque no solo al INPEC, que también lo necesita, sino el sistema judicial completo. Por ejemplo, es inaceptable la carga de trabajo de los jueces y, aun así, no dan abasto.

En tiempos de crisis, es crucial que el impulsemos con determinación y eficacia las reformas, para salvaguardar los derechos humanos y restaurar la confianza en nuestro sistema penitenciario. La emergencia carcelaria no solo es una llamada de atención, sino también una oportunidad para impulsar cambios significativos y duraderos. La violencia no da espera.

*Iván Cancino, especialista en Derecho Penal y abogado litigante.