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miércoles, 3 de febrero de 2021

El Confidencial, medio español de noticias, titulaba hace días lo siguiente: “Soy abogada, voy a dar a luz el día 17 y la jueza no aplaza un juicio previsto para el 19” y esto, aunque no lo crean sucede en España, pero bien podría haber ocurrido en Colombia.

En nuestro país cada día más se restringen los derechos y necesidades de los abogados y abogadas litigantes, al punto de ejercer presiones indebidas por parte de algunos funcionarios y colapsar el sistema que nos investiga con compulsa de copias desmedidas e injustas.

Son derechos de litigantes, no regalos o actos de merced de los jueces, pedir aplazamiento o no asistir a una audiencia por una calamidad doméstica, que incluye desde una inundación por fuga de agua hasta un accidente de un hijo o pariente y mucho más un parto en donde la justificación de la mamá está más que sentada, pero la del padre también.

Está claro que una enfermedad es una excusa justa para una inasistencia, pero otras muchas situaciones son igual de válidas, como el acto de clausura de un hijo en el jardín o colegio, el matrimonio de un hermano, en fin, actos que solo suceden una o pocas veces en la vida y que son a todas luces especiales para cualquier persona, abogados y abogadas.

A quienes nos presentamos ante un despacho para defender una persona investigada se nos da trato de quinta categoría, es increíble que aunque la norma es muy clara se vea algunos fiscales, jueces y procuradores departiendo en cumpleaños, viajes y fiestas y después, sin sonrojarse, sean todos sujetos o intervinientes dentro del mismo proceso. ¿Acaso esto no podría considerarse un conflicto de intereses o causal de impedimento o recusación?

Un funcionario puede llegar hasta dos o tres horas tarde a una audiencia y nada pasa ni excusa le piden, en cambio pobre del abogado que lo haga, porque además de tener que presentar excusas podrá ser sancionado.

Conozco el caso de un abogado que fue censurado por llegar una hora después de la hora fijada a una audiencia por el tráfico, mientras que jueces han llegado tarde sin ningún tipo de consecuencia por causa del pico y placa, en época obviamente diferente a la pandemia, citaban audiencias a las 8:00 a.m. y aparecían a las 10:00 de la mañana.

Es urgente que sigamos unidos, que nos hagan llegar al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia cualquier vulneración de derechos y garantías, para visibilizarlos y defenderlos.

Que bueno esos jueces que buscan que el proceso se adelante, que entienden causas justas y que no generan conflictos diferentes al que ya une a todos los que están ante él. Esto hace parte de una justicia justa, valga la redundancia.

Tanto los abogados litigantes como los fiscales y jueces deberíamos tener las mismas garantías, para hacer parte de un fair play. Ninguna balanza inclinada hacia ningún costado. La justicia más que nada debería ser equitativa.

Por último, hago una vez más, un llamado a nuestros defensores públicos para que no se presten a ser reemplazos o suplentes de litigantes contractuales, les digo que tienen que saber que su deber está con el país, con la justicia, pero primero con las garantías y el apoyo a los colegas.

PD: La llegada de Julio Sampedro y compañía como jueces, da tranquilidad a quienes ejercemos el derecho, personas con experiencia en el litigio y en la academia, que saben de jurisprudencia, proteger a los buenos y sancionar a quién lo merezca.