viernes, 22 de diciembre de 2023

En la encrucijada de la justicia, se hace evidente una imperiosa necesidad: es urgente una reforma a la ley disciplinaria del abogado. No existe norma que más directamente afecte las garantías en el ejercicio de nuestra labor que aquella que nos regula.

Es evidente que la mayoría de los magistrados la aplican con la prudencia que requiere, basándose en la buena fe; sin embargo, en ciertos sectores se revelan unos pocos personajes que, dueños de un proceso propicio para vulnerar derechos, hacen un uso cuestionable de esta herramienta.

Es imperativo plantear una reforma integral que aborde las problemáticas inherentes a la aplicación de la ley disciplinaria. Una de las cuestiones más apremiantes es la separación entre la instrucción y el juicio. En la actualidad, es común que el mismo ente que realiza la instrucción sea el encargado de juzgar, generando un conflicto de intereses evidente.

La reciente decisión de la Corte Constitucional, en una ajustada votación 5-4, respaldó este desafortunado modelo, a pesar de sus características retrógradas y poco garantistas para los derechos fundamentales.

Un segundo punto crucial es la necesidad de ampliar el alcance de la apelación. En la práctica, esta herramienta está restringida a pocas decisiones, contraviniendo principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La apelación debería extenderse a toda decisión que no sea considerada una orden directa del despacho, permitiendo así una revisión más exhaustiva y justa de los casos.

Resulta alentador observar que la Comisión Nacional está abordando de manera seria y dogmática el derecho disciplinario. Es fundamental que esta entidad ejerza su rol como contrapeso, frenando a aquellos magistrados que parecen creer que pueden actuar en contra del lógico litigio y, en ocasiones, incluso en contra de la propia justicia.

Estas reformas cobran especial urgencia en un momento en que el país debate sobre si los abogados deben ser juzgados, como cualquier ciudadano, en una clara manifestación de la democracia, o si debemos seguir manteniendo un sistema que, aunque nos cobija, está siendo cuestionado en sus fundamentos. La necesidad de una ley disciplinaria más justa y equitativa es evidente, y la responsabilidad de lograrlo recae en todos quienes formamos parte de esta profesión.

La justicia, para ser verdaderamente justa, debe evolucionar y adaptarse a las demandas de la sociedad que pretende servir.

En un momento en que la sociedad debate el papel de los abogados en la administración de justicia, estas reformas son vitales. La responsabilidad recae en todos nosotros como miembros de una sociedad de Derecho, y sobre todo de quienes tenemos el honor de ejercer esta profesión, de impulsar cambios que nos lleven hacia un sistema que refleje verdaderamente los valores democráticos y responda a las necesidades de una sociedad en constante evolución.

La justicia disciplinaria, para ser efectiva, debe ser un faro de equidad y justicia, guiándonos hacia un futuro donde la integridad y la imparcialidad prevalezcan en cada rincón del ejercicio legal.