Ivan Dario Marrugo
La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en un motor real de transformación económica, social y tecnológica. Su creciente adopción en sectores clave —como la banca, el comercio, la salud y la administración pública— demanda con urgencia un marco regulatorio claro que promueva la innovación, pero que también garantice la protección de los derechos fundamentales.
Colombia ha dado pasos importantes en esta dirección, aunque de manera fragmentada y aún insuficiente. Durante el periodo 2022–2024, se radicaron diversas iniciativas que buscaban regular distintos aspectos del ecosistema de IA: transparencia algorítmica, supervisión sectorial, principios éticos y límites en la toma de decisiones automatizadas. El proyecto de ley 154 de 2024, así como una iniciativa gubernamental presentada a inicios de 2025, destacaron por su enfoque integral y técnico, apuntando a complementar el régimen de protección de datos (Ley 1581 de 2012) y la reciente Circular 002 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Pese al impulso inicial, el panorama actual es desalentador: nueve de diez de estos proyectos fueron archivados el pasado 16 de junio de 2025 por falta de debate. Este desenlace, más que un trámite legislativo inconcluso, representa una oportunidad desaprovechada para posicionar a Colombia como un referente regional en el desarrollo responsable de tecnologías emergentes.
Entre la omisión y la oportunidad: lo que viene
La ausencia de una ley marco sobre IA en Colombia deja al país sin una brújula jurídica frente a los dilemas éticos, sociales y económicos que trae esta tecnología. Sin embargo, no todo está perdido. El nuevo periodo legislativo que comienza brinda la posibilidad de retomar lo avanzado y evitar empezar de cero. La Comisión Accidental que acompañó la discusión previa acumuló conocimiento técnico y jurídico valioso. Su continuidad —o al menos la conservación de sus insumos— debería ser una prioridad institucional.
Proyectos como el PL 005 de 2024, con su enfoque en ética y sostenibilidad, y la propuesta gubernamental orientada a la responsabilidad de los actores involucrados en el ciclo de vida de los sistemas de IA, ofrecen una base sólida para una nueva discusión legislativa. Lo esencial será evitar debates fragmentados y promover una visión articulada, respaldada por un diálogo multisectorial.
Modelos internacionales: aprendizajes aplicables
El debate global sobre la regulación de la IA ha cristalizado en dos grandes enfoques. Por un lado, el modelo basado en riesgos, impulsado por la Unión Europea, establece obligaciones diferenciadas según el nivel de riesgo que presentan los sistemas de IA. Por otro lado, países como Estados Unidos, Canadá o Japón han optado por modelos sectoriales y basados en principios éticos, con una mayor confianza en la autorregulación y la adaptabilidad.
Sin embargo, existe una tercera postura relevante: la que sostiene que la ausencia deliberada de regulación específica también puede ser una política pública válida. Desde esta óptica, el marco normativo general existente —incluyendo normas sobre responsabilidad civil, protección al consumidor, competencia, y protección de datos— sería suficiente para encauzar el desarrollo tecnológico sin necesidad de crear normas especiales que, eventualmente, podrían volverse obsoletas o limitar la innovación.
Este argumento merece consideración, sobre todo en países con ecosistemas digitales en construcción, donde el exceso de regulación podría desincentivar la inversión o frenar emprendimientos emergentes. No obstante, esta visión también conlleva riesgos: la falta de directrices claras puede generar incertidumbre jurídica, afectar la confianza de los usuarios y abrir espacios a desarrollos éticamente cuestionables o discriminatorios.
Para Colombia, el desafío no es simplemente "regular o no regular", sino definir el grado y tipo de intervención normativa más adecuado a su contexto. Un enfoque híbrido —que combine principios generales, reglas sectoriales y mecanismos de actualización normativa— puede ofrecer la flexibilidad necesaria sin renunciar a la protección de derechos ni al desarrollo de una economía digital ética y competitiva.
Innovación y protección: un falso dilema
Uno de los argumentos más recurrentes en contra de la regulación de la IA es que esta podría frenar la innovación. La evidencia internacional, sin embargo, demuestra lo contrario. Un entorno regulatorio claro y predecible fomenta la inversión, reduce la incertidumbre jurídica y refuerza la confianza de usuarios y consumidores.
La protección de datos, lejos de ser un obstáculo, puede ser un habilitador del desarrollo tecnológico. La noción de "protección de datos por diseño", ya presente en la Circular 002 de 2024 de la SIC, es un ejemplo concreto de cómo las salvaguardas pueden integrarse en las fases tempranas de diseño y desarrollo, mejorando la calidad, seguridad y aceptabilidad de los sistemas de IA.
El llamado a la acción
La regulación de la IA no debe aplazarse más. El Congreso tiene ahora una segunda oportunidad para asumir este reto con la seriedad y visión estratégica que merece. Colombia no puede permitirse quedar rezagada en la gobernanza de una tecnología que redefine la competitividad económica, la eficacia del Estado y la garantía de derechos.
La invitación es clara: que el legislador retome el camino ya iniciado, escuche a expertos, academia, empresarios y sociedad civil, y construya una legislación moderna, pragmática y alineada con los valores democráticos del país. No se trata de escoger entre innovación o protección; se trata de construir un modelo donde ambas coexistan como pilares de un desarrollo tecnológico confiable, ético y sostenible.
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