jueves, 10 de marzo de 2022

Un tema controvertido en el que parte de la sociedad actual siente temor es la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Dicho temor suele estar vinculado con la pérdida del empleo, sin embargo, esto es derivado de ciertas creencias y de los valores que culturalmente se le han otorgado al empleo y a la productividad. Si lográramos, al menos mentalmente, desvincular el empleo de su relación con el dinero como un medio de obtención de satisfactores, seguramente podríamos disminuir esta percepción sobre el empleo, ya que este no sería un factor determinante para cubrir las necesidades humanas.

La inteligencia artificial evoluciona de manera muy rápida, haciendo grandes cambios en la vida cotidiana; no únicamente tocando el aspecto laboral, también genera beneficios, en sectores como la seguridad pública y los servicios de salud. No obstante, también conlleva la inteligencia artificial a una serie de riesgos, como lo son la creación de tendencias políticas a favor o en contra de algún candidato en sistemas democráticos, a través de las redes sociales, así como un deterioro en la privacidad y el uso indebido de los datos de carácter personal, entre otros tantos riesgos.

Por lo anterior, la Unión Europea ha venido estableciendo normatividad en el uso y fines de la inteligencia artificial y, por lo que ahora atañe, me centraré en su aplicación en el sector público, siendo primordiales los rubros sanitario, educación o transporte, entre los principales. Es de vital prioridad el aseguramiento del acceso de los datos y las infraestructuras informáticas, pues sin datos el desarrollo de la inteligencia artificial resulta imposible.

En recientes días hemos logrado ver una disputa entre la Unión Europea y Facebook, respecto del tratamiento de los datos de sus ciudadanos, en la que la Unión Europea establece que no deben salir los datos de su territorio, pues esto rompería parte de los objetivos primordiales, como el de generar y conservar un ecosistema de confianza, el cual se fundamenta en los principios de transparencia, la gestión y privacidad de los datos, la rendición de cuentas, la solidez técnica y la supervisión y acción humanas.

Cabe señalar que los desarrolladores y ejecutantes de la inteligencia artificial se encuentran, al día de hoy, sujetos a la normatividad europea en materia de derechos fundamentales; entre otros, la protección de datos, la privacidad, la protección al consumidor. Si bien la inteligencia artificial puede ofrecer avances, también es generadora de daños, siendo necesario conservar una velocidad alta para legislar la inteligencia artificial, toda vez que esta evoluciona rápidamente.

La inteligencia artificial es una tecnología con cuantiosas ventajas para todos los grupos sociales de ciudadanos y para las empresas, siempre que esté regulada con bases éticas y con respeto a los derechos fundamentales. Así, la inteligencia artificial ofrece mayor eficiencia y productividad, transformando a la industria y economía, tanto en sus factores de producción y ofrecimiento de servicios, como en el tema jurídico laboral, con cambios en la naturaleza y comportamiento de las relaciones interjerárquicas dentro de las empresas.