Sábado, 21 de marzo de 2015

Lo hicimos por dos razones fundamentales: la primera, porque la actual Ley Antidiscriminación, autoría del Mira sólo sanciona la discriminación por raza u orientación sexual y porque las cifras oficiales, demuestran por sí solas que la discriminación respecto a éste grupo poblacional, en el cual se encuentran comprendidos 2.5 millones de colombianos, es una realidad. 

En efecto, de acuerdo al Dane, la tasa de desempleo en éste grupo poblacional, supera el 60% y el 90% de los discapacitados que tienen la “fortuna” de contar con una ocupación productiva, ganan menos de un salario mínimo legal vigente. 

En el ámbito educativo la situación no es mucho mejor: sólo el 1% de las personas con alguna limitación física o sensorial pueden terminar satisfactoriamente su proceso educativo. 

Es así como el proyecto de ley en cuestión, que ya fue aprobado en tercer debate en la Cámara de Representantes, establece que quienes restrinjan los derechos fundamentales de un ciudadano por su condición de discapacidad, serán sancionados con cárcel de (1) a (3) años, además de multas que pueden variar entre los $6 millones y $9 millones. 

Frente a la iniciativa, de inmediato ha suscitado, como es natural en toda democracia, respetables voces disidentes. Según la Comisión de Política Criminal, éste proyecto de Ley surgió como una respuesta “reactiva” frente a una situación determinada (las declaraciones de discriminatorias de la pastora y principal líder del grupo político Mira, María Luisa Piraquive, respecto a los discapacitados) y que tiene un contenido profundamente anti técnico, ya que la política punitiva del estado no requiere tipificar nuevas conductas, aplicar las ya existentes.

Como demócrata, respeto profundamente éstas opiniones, pero no las comparto. Por un lado, porque la principal fuente es la realidad y porque, la norma penal, más que una función sancionatoria, tiene una finalidad disuasiva. Es así como, por citar un ejemplo de tantos quienes impidieron el acceso libre a un reconocido almacén bogotano de una niña en razón a su condición de discapacidad de quien yo fui su apoderado en días pasados, lo hubieran pensado dos veces antes de hacerlo si hubiesen sabido que por ello, tendrían que pagar millonarias multas e inclusive ir a la cárcel. 

No se trata de apresar a todo aquel que se atreva a burlarse de otro por sus defectos físicos, como lo han dicho algunos en forma un poco simplista; se trata de sancionar de manera ejemplarizante a quienes restrinjan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en forma arbitraria, por el solo hecho de ostentar tal condición. ¿Esto es acaso un abuso del poder punitivo en cabeza del estado de derecho? Creo que no. 

Por éstas razones, creo que la reforma a la Ley Antidiscriminación, si bien no garantiza una sociedad más igualitaria para las personas con discapacidad, sí creo que es un paso acertado y necesario en esa dirección.