viernes, 26 de junio de 2020
Indiscutiblemente, todos los temas concernientes al covid-19 seguirán siendo parte de nuestro día a día como ciudadanos y empresarios, lo cual nos obliga a considerar en nuestras actividades cotidianas criterios tanto económicos como de salubridad. Estos conceptos, si bien pueden resultar complementarios, han sido manejados por el Gobierno Nacional de manera diferenciada en cuanto su priorización.
Un claro ejemplo de esto fue el pasado viernes 19 de junio, fecha en la que se llevó el primero de tres días sin IVA, establecidos por el Decreto Legislativo 682 del 21 de mayo de 2020, donde vimos un riesgo importante de contagio pero una gran oportunidad para el comercio a nivel nacional.
Independientemente de la postura que tomemos frente al escenario mencionado, bien sea porque consideramos prioritaria la prevención de la expansión del covid-19 o, por el contrario, damos mayor relevancia a los efectos negativos que estas medidas generan en el ámbito económico, no es posible dejar de lado los derechos de los consumidores.
El Estatuto del Consumidor establece una serie de normas frente a promociones, ofertas, información pública de precios, publicidad. La información que suministran los vendedores a sus clientes debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna e idónea, atributos que pueden verse violentados con ocasión de estas fechas especiales y como consecuencia de los enfoques desacertados que empresarios puedan implementar para sacar provecho de estas oportunidades comerciales.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), cumple un papel vital en la protección de estos derechos, para lo cual se han creado herramientas como la aplicación Pqrfs, diseñada para que los consumidores reporten de manera inmediata (a través de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tabletas, computadores, por mencionar los más comunes) cualquier violación a las normas contenidas en el Estatuto del Consumidor.
Esta aplicación cuenta con más de 4.486 solicitudes y se han emitido circulares externas como la 006 de 2020, donde se exhorta a los alcaldes, como autoridades territoriales con funciones de protección al consumidor, a garantizar los derechos de los consumidores frente a las medidas de incentivos al consumo y reactivación económica de manera específica frente a los días sin IVA.
Estas situaciones representan un gran reto para la SIC y demandarán una importante capacidad de respuesta por parte de la Delegatura para la Protección al Consumidor, ya que entre el 1 y el 17 de junio ya se habían presentado 232 quejas por incrementos de precios sin aparente justificación y presuntamente relacionados con el día sin IVA. Es previsible que una vez transcurrida la primera jornada de exención del impuesto y con la llegada de las siguientes fechas con este mismo beneficio, estas denuncias tengan un crecimiento exponencial.
Sin embargo, se debe resaltar que dicha responsabilidad también recae en los consumidores quienes son los directamente afectados con posibles conductas oportunistas de los vendedores. De nosotros depende convertirnos en consumidores informados que evitan caer en trampas comerciales y que exigen del Estatuto del Consumidor.
Esto puede generar a su vez una mayor cantidad de quejas ante la SIC para que se adelanten las investigaciones que se consideren necesarias y se impartan las instrucciones y/o sanciones correspondientes, pero redundará en efectos correctivos en los mercados como consecuencia del costo, no solo monetario sino además reputacional, en el que incurren quienes violan la Ley 1480 de 2011.
Es por esto que, no solo estamos frente a un gran reto de salubridad pública que recae en el Estado, sino que tenemos el deber de empezar a exigir nuestros derechos como consumidores, haciendo uso de la legislación y las herramientas que nos proporcionan las entidades de vigilancia y control para lograr cambiar los aspectos negativos en nuestra cultura de consumo.
