lunes, 9 de julio de 2018
Se dice que en Colombia hay más de cinco millones de leyes vigentes. Ni el Congreso, ni el Gobierno ni los jueces tienen un registro centralizado de leyes; tampoco cuentan con un mecanismo que permita establecer si una norma está vigente o derogada. Ni siquiera los abogados especializados en una sola rama del derecho conocen y tienen ubicadas todas las normas que regulan su sector. El nuevo sistema de unificación normativa bajo decretos únicos, en vez de facilitar las cosas generó mayor confusión, entre otras razones por la absurda metodología de numeración de artículos. También han fracasado rotundamente los intentos de simplificación de trámites.
Si nos detenemos por un momento a reflexionar sobre la razón de ser de las leyes, vemos que este asombroso nivel de incontinencia regulatoria es muestra de una equivocación en la manera como la sociedad colombiana se ha planteado su autogestión. La idea no es normatizar todo, entre otras cosas porque el abuso de la figura de la ley conlleva su desgaste y deslegitimación. La ley es un recurso valioso que solo debe ser usado para fomentar comportamientos colectivos deseables en asuntos que la sociedad estima esenciales.
Pero el problema más agudo no es realmente la proliferación normativa, sino que no tenemos idea de ejecutar la última fase del proceso: la implementación. Los gobiernos de Colombia, especialmente el de Santos, han cometido un error histórico, como es creer que los problemas se solucionan con la sanción de la ley, olvidando que la expedición de la norma es apenas la primera parte del proceso, y la más fácil. El verdadero reto es insertar cada nueva regulación en el alma de la sociedad y hacerla valer (lo que en inglés denominan el enforcement). En Europa, los temas regulatorios más sensibles son estudiados por años y las reformas entran en vigor solo después de la expedición de varios documentos de trabajo y de fuertes evaluaciones de impacto. Una vez la ley es ley, la cosa es en serio: todo el mundo a cumplirla. En nuestro país, la ley de protección de datos no la cumple sino 2% de las entidades públicas, y hoy los índices de informalidad son más altos que antes de que fuera expedida la ley de formalización y generación de empleo, solo para poner dos ejemplos.
Y el enforcement compromete no solo al gobierno en el sector ejecutivo, sino también a los jueces, quienes deben procurar darle estabilidad al estado de derecho con interpretaciones de la ley que sean consistentes y que sirvan para reducir la inseguridad jurídica. El objetivo debe apuntar a construir y defender reglas de derecho estándar y estables que sirvan para resolver de forma simple la gran mayoría de los eventos o conflictos y que solo ciertos casos especialmente atípicos sean objeto de una revisión a fondo, como ahora pasa con el VAR (Video Assistant Referee) en el fútbol. Y hago esta comparación porque me sigue pareciendo que el fútbol es una buena muestra de un esfuerzo acertado para consolidar en sistema normativo claro, cada vez más efectivo en su enforcement, que ha venido avanzando en la reducción de decisiones injustas. Al final de cuentas, un buen sistema regulatorio, ya sea para el deporte o para la vida en sociedad en general, debe ayudar a fomentar la competencia en condiciones justas, bajo reglas claras y predefinidas.
