Estado frente al oligopolio de las comunicaciones

Es por ello que estos mercados tienden naturalmente a ser concentrados y a garantizar participaciones estables en el tiempo, es decir, a formar oligopolios naturales, lo que genera un importante nivel de interdependencia entre los participantes y provoca cierto riesgo de coordinación o alineación en el comportamiento comercial de dichos participantes del mercado.

Por esa razón, existe un consenso de que al Estado le corresponde intervenir para mover la tendencia natural de dichos mercados, con medidas regulatorias correctivas que propicien la desconcentración del mercado y que aumenten la contestabilidad de los pequeños y medianos jugadores, ya sean entrantes o incumbentes.

Típicamente, la mayoría de las medidas de intervención que se usan están asociadas al momento mismo de asignación de nuevo espectro para su explotación, y en cuanto a su nivel de intensidad existen dos tendencias: Una primera que propone un nivel más bajo de intervencionismo, se circunscribe a estimular la llegada de nuevos entrantes mediante la implementación de umbrales que limiten la participación de los dominantes y demás incumbentes, esperando la llegada de nuevos actores.

Sin embargo, varias legislaciones y analistas expertos vienen proponiendo un nivel más profundo de intervención (segunda tendencia) que no sólo propicie la llegada de entrantes, sino que -en una visión finalista- se fije la meta de lograr que efectivamente una parte del espectro que se va a concesionar quede en manos de dichos nuevos jugadores del mercado.

En buena hora el Ministerio de Comunicaciones, la CRC y la ANE acaban de presentar un documento de consulta pública para la asignación de espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 900 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz para la prestación de servicios móviles terrestres. La banda de los 700 MHz resulta especialmente importante en términos de competencia, ya que, por tratarse de un espectro de baja frecuencia, permite una cobertura nacional sin demandar altos costos en infraestructura, lo cual resulta ideal para estimular la entrada de nuevos competidores o aumentar la capacidad de los operadores pequeños.

Considero que la iniciativa del Gobierno es loable para aumentar el dinamismo del mercado, pero se debe ser cuidadoso para lograr que de forma eficaz se asegure la más amplia participación de oferentes.

Vale la pena pensar en incentivos económicos con destino exclusivo a pequeños operadores, a través de costos diferenciales, bajo el compromiso correlativo de altas inversiones en mercadeo y publicidad, de forma que efectivamente puedan ejercer una presión competitiva. Al respecto, resulta ilustrativo el proceso de asignación de la banda de 700 MHz en Canadá, donde se dieron claras ventajas a los entrantes.

Al final de cuentas, enfoques como el que acá respaldamos, propugnan porque se le dé verdadero contenido al deber constitucional del Estado de promover efectivamente la competencia y se dé real cumplimiento a la finalidad más emblemática del derecho de la competencia, como es la maximización del bienestar de los consumidores.