lunes, 18 de abril de 2016
Inclusive las resoluciones administrativas de contenido particular y las sentencias con efectos inter partes sirven para moldear las fronteras del estado de derecho, que se mantiene en renovación permanente para acoplarse a las novedades de la sociedad, la cultura y la tecnología.
En ese sentido, pesa sobre los hombros de los jueces, por un lado, y de cada ministerio, superintendencia, comisión reguladora y demás autoridades-por el otro- una gran cuota de responsabilidad en la formación de un sistema legal coherente y moderno a través de la expedición de decisiones jurídicas correctas y consistentes con el resto de las normas y con sus propios precedentes.
Así, los cientos de decisiones judiciales y administrativas que se adoptan a diario sirven no solo para resolver las situaciones particulares, sino además para coadyuvar la construcción colectiva del derecho de la Nación.
Claro, las decisiones pueden ser correctas o incorrectas y serán incorrectas cuando se toman a la ligera o se basan en una apreciación errada de los hechos o las normas jurídicas. No obstante, la calidad del estado de derecho no depende solo de la calidad agregada de las decisiones individuales, sino de la coherencia que esas decisiones guardan entre sí, para la cual un país serio debe contar con un sistema de formación y decantación de precedentes, teniendo como órgano de cierre a las altas cortes basadas en su labor de conformación y unificación de la jurisprudencia.
En Colombia, la calidad de nuestro estado de derecho es pobre, no solo porque muchas decisiones individuales dejan mucho que desear en cuanto a técnica jurídica, sino por la ausencia de un sistema jerárquico apropiado de construcción de precedentes judiciales y administrativos. Por si fuera poco, la escasa predictibilidad de las decisiones aumenta la sensación de falta de justicia, eleva los costos de transacción y ahuyenta a los inversionistas.
Las autoridades deben hacer mejores esfuerzos para que su gestión sea transparente y predecible, a un punto en el que -en la mayoría de los casos- la sociedad sepa con alto nivel de certeza a qué atenerse frente a cualquier trámite o solicitud. De esa manera, se genera confianza en las instituciones y se disminuye la insatisfacción sobre su desempeño, reduciendo también la necesidad de abogados e intermediarios con sus costos asociados.
Lamentablemente, en el pronóstico sobre el resultado de un proceso judicial o administrativo lo único cierto es que no hay nada cierto. Hay un precedente para cada hipótesis y hay sentencias contradictorias de la misma sala de los Tribunales y las Cortes e incluso del mismo magistrado. Las sentencias son largas y complicadas de entender (son comunes las sentencias de más de 100 páginas), y a veces se requieren dos o más abogados para intentar comprenderlas (o para acabar de confundirse).
Queda mucho por hacer, pero bastante se podrá lograr si se propicia una nueva cultura en la gestión de lo púbico marcada por la brevedad, la transparencia y la predictibilidad de las decisiones que se tomen.
