martes, 5 de mayo de 2020

Es una lástima que la crisis del covid-19 nos hubiera cogido con un sistema judicial sin el nivel apropiado de sistematización y carente de un expediente electrónico. Si hubiéramos llegado a este punto con un servicio de justicia operable integralmente en línea, posiblemente la Rama Judicial no se hubiera visto obligada a suspender los términos judiciales ni a detener casi totalmente la prestación del servicio.

A pesar de que una buena cantidad de despachos judiciales se apoya en la tecnología para el almacenamiento y gestión de la información, el país no cuenta verdaderamente con un sistema unificado de gestión de información, ni mucho menos con un esquema de expediente electrónico que permita, como pasa en otros países, que la interacción de las partes, los apoderados y el juez se lleve a 100% por medios virtuales.

El sistema de información estadística de la Rama Judicial es precario, tanto que no existe una fuente oficial que ofrezca información articulada después de 2014 y aún no se logra una plena interoperabilidad entre los 13 diferentes sistemas de información con que funciona la Rama, muy a pesar de la gran cantidad de recursos de inversión que se han destinado en la última década a la renovación informática.

La realidad es que servicio de justicia colombiano no es bueno en sus indicadores. Según el último informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC) nuestro sistema judicial es ineficiente, con una nota de 2,73 puntos sobre siete. Un colombiano se tarda en promedio 1.288 días para hacer valer un contrato a través de los jueces, lo que nos ubica en el penúltimo lugar en Latinoamérica (17/18) y la tasa de homicidios esclarecidos es apenas de 24%, mientras que la de España es de 91% (Informe CPC 2018-2019).

En materia de impunidad somos también el penúltimo de la región latinoamericana (8/9). Los procesos se demoran en promedio más de 10 años, bastante más que lo que se tardan en otros países, a pesar de que el número de jueces por cada 100.000 habitantes no es bajo (11,72 jueces), superior al de Italia (10,2), Francia (9,1), Chile (6,5) Inglaterra (3,5). Datos a 2009, Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Estimo que el déficit en la calidad del servicio de justicia colombiano no está relacionado con la calidad del recurso humano. La gran mayoría de los jueces y magistrados conocen su materia, y actúan con responsabilidad y compromiso. El centro del problema está, más que en la falta de recursos, en la falta de gerencia, en la falta de un modelo más estricto de rendición de cuentas y en la deficiencia en la tecnología.

Aunque Colombia no es el único país que ha suspendido los términos y ha aplazado la mayoría de las actuaciones, la realidad es que esta situación nos afecta de forma particular por la situación de mora judicial que tenemos.
Este es un campanazo fuerte para apuntar a que, en la eventualidad de una situación de emergencia futura, estemos más preparados para darle continuidad al servicio de forma remota.

En ese propósito, la Rama Judicial y el Estado en su conjunto deberían elevar los esfuerzos para realizar lo necesario para culminar el expediente electrónico, pues esto ya no es un asunto tan complejo con la tecnología de hoy en día. Es válido recordar que la puesta al día del servicio judicial en materia de sistematización es algo que está presupuestado como una prioridad en el plan estratégico de la Rama desde hace más de 10 años y, además, que la sistematización del servicio no es un factor que esté relacionado únicamente con la eficiencia del sistema, sino además con el mejoramiento de los niveles de acceso a la justicia.