lunes, 2 de septiembre de 2019
En nuestro país existen diversos entes gubernamentales que se ocupan de producir la regulación económica destinada a los sectores esenciales de la actividad comercial o industrial. No sólo están las comisiones de regulación, cuya función principal es precisamente la regular su sector, sino que también los Ministerios y otras dependencias del orden nacional o local cuentan con una variedad de facultades en esta materia. En efecto, y si bien hay sectores donde existe una profunda presencia institucional en el campo de la regulación, como los servicios públicos (agua, gas y energía, comunicaciones, otros), la función regulatoria es parte del abanico de responsabilidades de muchos otros entes públicos.
A pesar de los intentos que se han hecho por vía reglamentaria y a través de varios documentos Conpes, no existen unos lineamientos uniformes sobre cómo producir regulaciones y, en la práctica, cada entidad tiene su procedimiento y estilo propio para hacerlo. Por eso, al revisar las diferentes regulaciones vigentes se ve que no existe ningún tipo de estándar en la forma, ni tampoco en cuanto a los pasos previos para establecer la necesidad y pertinencia de cada proyecto regulatorio.
Tal vez esa situación tiene mucho que ver con que no se ha entendido en su total magnitud la importancia crucial que tiene la función regulatoria para el desarrollo de país. La regulación no puede ser vista simplemente como un mecanismo de intervención del Estado en la economía para mantener el statu quo, o como una manifestación de la función de inspección, vigilancia y control. En la visión más moderna del concepto de regulación, mucho más allá de la forma como la doctrina neoliberal la concibió en su momento, esta se convierte en uno de los instrumentos más eficaces para estimular el desarrollo y crear condiciones de equidad, a través de la intervención inteligente en los mercados. La regulación no sirve sólo como medio para estimular la demanda, a la manera de Keynes, sino que presta un servicio fundamental en otros ámbitos, por ejemplo como regulador del capital, como lo propone Piketty.
Colombia está muy lejos del nivel óptimo en el ejercicio de la función regulatoria, por varias razones, entre otras: (i) no cuenta con un sistema organizado que armonice los criterios y los procedimientos, ni cuenta con un ente rector que ordene la tarea regulatoria en todos los niveles (ii) tampoco se ha hecho obligatorio un test riguroso que sirva para evaluar todos los proyectos regulatorios en cuanto a su impacto en la competencia y sus efectos colaterales, como lo ha propuesto la Ocde (iii) no contamos con el diseño institucional adecuado para atenuar el alto riesgo de captura del regulador, lo cual ha sido la principal causa que explica por qué muchas regulaciones se alejan del interés general y se sesgan hacia intereses selectivos.
Para mejorar el panorama en materia de regulación la tarea es inmensa, pues aparte de organizar el marco jurídico de la función regulatoria según lo señalado arriba, es imprescindible acometer una revisión integral de todas les regulaciones vigentes, -sector por sector- eliminar las malas regulaciones, modificar las inadecuadas y armonizar sistemáticamente las que queden vigentes, entre otros; y como mínimo, el trabajo ha de asegurar que de cada regulación se eliminen los factores que crean barreras artificiales de entrada o que crean distorsiones en favor de ciertos segmentos del mercado, y que se incluyan incentivos efectivos para elevar la competencia al máximo nivel posible. A su vez, ha de aprovecharse la oportunidad para construir otros incentivos creativos que sirvan para generar comportamientos en los agentes que se estimen favorables a la política.
