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Lunes, 26 de marzo de 2018

Cuando veo que los políticos siguen comprando votos y que los gobiernos siguen comprando políticos, retorna a mi mente el pensamiento de que a este país le hace falta un acuerdo sobre lo fundamental, como bien decía el magnífico Álvaro Gómez. Con todas las cosas buenas que tenemos, la diferencia central de este país con alguno de los países del primer mundo es que nosotros ni siquiera hemos alcanzado un consenso sobre las líneas rojas, aquellas líneas cuya transgresión la sociedad no está dispuesta a tolerar, bajo ninguna circunstancia.

No hay nación perfecta, ni hay ninguna capaz de anticipar en sus normas todas las posibilidades de conflictos o situaciones futuras por resolver. Aún las culturas más desarrolladas pueden verse enfrentadas a situaciones adversas frente a las cuales no tienen claro cómo reaccionar, como ocurrió por ejemplo, con el Brexit para los ingleses. Sin embargo, me parece que la marca diferenciadora de las sociedades más sólidas está en la clara definición histórica de unas líneas rojas mínimas fundamentales que no se transan, ni se ponen en riesgo.

La virtud de los primeros líderes de esas naciones, más allá de orientar la política a través de una lente de izquierda o de derecha o con una visión federalista o centralista, está en su capacidad de interpretar la esencia del pensamiento colectivo y saberlo plasmar en unos criterios fundamentales que han de servir como pilares estructurales de todo el edificio que se va construyendo con los años.

A diferencia de las sociedades que han sabido defender con el paso de los siglos sus premisas esenciales, nuestra querida Colombia parece nunca aprender, ni siquiera de sus horrores más recientes. Ni siquiera hemos cerrado el caso de Odebrecht, y ya se ven nuevos episodios de compra masiva de votos y de manipulación electoral. Si me preguntaran, tal vez mi primera línea roja sería la equidad y la transparencia en los temas electorales. La raíz del sistema político está directamente asociada con la defensa de la democracia y ello no es realmente posible, si no se cuenta con elecciones limpias. Un país verdaderamente consciente del daño grave que le hace a su futuro el no tener un sistema electoral pulcro y justo, cerraría filas poniendo toda su institucionalidad a trabajar de forma decidida y armónica para asegurar que se derrotan la corrupción política, la “mermelada”, la “puerta giratoria” y todos los demás vicios que convierten a nuestro país en una pseudodemocracia.

El otro gran componente del acuerdo sobre lo fundamental que está en el primer orden es la reconstrucción del ordenamiento jurídico y el sistema judicial. Un gigantesco esfuerzo colectivo debería apuntar a depurar los cientos de miles de leyes, decretos y normas de otro orden que conforman la maraña jurídica colombiana, para dejar vigentes solo aquellas normas esenciales, ordenadas de forma simple y lógica, para que todos los colombianos -y no solo los abogados- las puedan entender y aplicar.

Este sería otro país totalmente diferente, si al menos hubiera algún nivel significativo de claridad y consenso sobre el sentido y el alcance de las normas principales y pudiésemos dar de baja a esa situación permanente de inseguridad jurídica que genera una gran zozobra institucional. Acá no hay nada seguro y hay tantas interpretaciones como abogados que leen las normas. El derecho es para la gente y debemos rehacerlo de nuevo para volcarlo al servicio de la ciudadanía.

Por razones de espacio, dejo para otra ocasión otros posibles componentes de un acuerdo sobre lo fundamental, como la eliminación de todos los cultivos de coca, agua potable para todos o la protección del medio ambiente.