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martes, 10 de diciembre de 2019

El jueves de la semana pasada, en medio de las marchas y los cacerolazos que dan vida a la protesta social en nuestro país, los titulares de prensa fueron ocupados por el nacimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado por la Ley 1951 de 24 de enero de 2019 y que se materializa mediante el Decreto 2226 de 2019.

El nuevo Ministerio se erige como el ente rector de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el propósito de generar capacidades, promover el conocimiento científico y tecnológico y, por ende, contribuir al desarrollo y al crecimiento del país. Todo ello se lee muy bien en el artículo 1 de la Ley 1951 de 24 de enero de 2019, lo que pareciera llevarnos a una ligera conclusión: hasta ahora, la tarea que se asigna al nuevo Ministerio estaba por hacerse, pues dichas labores estaban diluidas a lo largo del -no tan amplio- portafolio de funciones concedidas a Colciencias.

Otra ligera conclusión que se viene a mi cabeza, eso si opuesta a la anterior, es que las necesidades referidas a ciencia, tecnología e innovación no eran escuchas en el sector central, a pesar de ser un departamento administrativo, a pesar de haber sido erigido como el rector del sector y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que ocurrió mediante Ley 1286 de 2009, en la que se encargó a Colciencias de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar dicha política.

Hoy, al ingresar al sitio web del extinto Colciencias, ya se anuncia que se trata de la página oficial del MinCiencias: el conocimiento es de todos. Y así lo esperamos. Nuestro anhelo es que los cambios en el sector Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia se materialicen realmente, que dicho sector tenga la importancia debida, que dichas políticas lleguen a todas las regiones de Colombia, a esos territorios consuetudinariamente olvidados por el Estado. La ilusión de algunos científicos e investigadores es poca, ojalá nos sorprendan, ojalá sea esta una gran oportunidad para dar un paso mas allá al “mero cambio de estrato” en el órgano rector del Scti, pues eso supondría nada más que un incremento en la carga burocrática del País, quizás a expensas de los recursos, de por si ya escasos, que le asignan al sector del nuevo Ministerio.

Ahora bien, esos reclamos sociales de los que hoy hablamos, algunos a favor y otros en contra, también fueron desplazados el jueves de las titulares de prensa de los diarios locales de Casanare, pues la Gobernación anunciaba la asignación de $2.500 millones anuales como aporte permanente para la creación de la universidad pública departamental de Casanare (Unitrópico).

La Ley 1937 de 2018, que tenia como propósito clarificar la naturaleza y régimen jurídico de Unitrópico, se quedó corta en su labor pues, en su artículo primero, se limitó a otorgar las herramientas necesarias al Ministerio de Educación Nacional, al departamento de Casanare y a la Asamblea Departamental, para transformar la naturaleza, carácter académico y régimen jurídico de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (ente privado), para lo cual autorizó a la Asamblea Departamental, a instancia del Gobernador, a oficializar e incorporar en la estructura administrativa del departamento a la citada universidad, debiendo cumplirse con ciertos requisitos legales -que la fecha no se cumplen-. Así las cosas, la incertidumbre que reina en Casanare al respecto es mayúscula, en donde lo único cierto es que aun la universidad pública no existe y que el aporte departamental, para cuando sea el momento, solo será de $2.500 millones.