Colombia y la 'Nueva Ruta de la Seda': ¿oportunidad o riesgo?

La 'Nueva Ruta de la Seda', cuyo nombre hace referencia a la histórica 'Ruta de la Seda' de Marco Polo, es un proyecto liderado por China desde 2013 que busca conectar a ese país con el resto del mundo, al tiempo que incrementa su influencia económica y política a nivel global. Este proyecto, catalogado por algunos como "la mayor estrategia de política exterior de China" y "uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos jamás construidos", busca fortalecer dicha conectividad mediante fuertes inversiones en infraestructura, transporte, energía y tecnología, con el fin de que los productos chinos lleguen a mercados cada vez más lejanos.

China sostiene que su único interés al promover este proyecto es fomentar el comercio internacional y el desarrollo económico global. Sin embargo, sus críticos lo ven como un claro ejemplo de 'diplomacia de la deuda', una estrategia mediante la cual un país otorga préstamos a otros – especialmente a naciones en desarrollo – con el propósito de ganar influencia y control sobre sus recursos o infraestructuras clave.

Actualmente, 146 países hacen parte del proyecto, entre ellos 21 de América Latina. No se puede pasar por alto que China lleva más de una década desempeñando un papel protagónico en las grandes inyecciones de capital en la región, ya que sus bancos de desarrollo han prestado más de USD $150 billones a estos países en los últimos 15 años.

Entre los países latinoamericanos que hacen parte del proyecto se encuentra Colombia, que el 14 de mayo de 2025 formalizó su adhesión a esta iniciativa mediante la firma de un memorando de entendimiento por parte del gobierno de Gustavo Petro, el cual fue presentado como "un paso histórico que abre nuevas oportunidades de inversión, cooperación tecnológica y desarrollo sostenible para ambas naciones".

Sin embargo, al tratarse de un memorando de entendimiento, el documento firmado no crea ninguna obligación jurídicamente vinculante en virtud del derecho internacional, ni puede asimilarse a un acuerdo internacional de inversión o a un tratado de libre comercio, situación que ha sido reconocida por la propia canciller de Colombia, Laura Sarabia.

En cualquier caso, el documento firmado contempla un trabajo conjunto para fortalecer: (i) las relaciones políticas; (ii) los vínculos económicos; (iii) la cooperación en ciencia, energía e innovación; (iv) los intercambios interpersonales; y (v) la conectividad de la infraestructura entre regiones, el comercio y el desarrollo industrial.

La implementación de este instrumento puede traer tres grandes ventajas para Colombia. En primer lugar, puede convertirse en una herramienta clave para reducir el déficit comercial con China, que para 2024 ascendía aproximadamente a USD $12.4 millones FOB. En segundo lugar, podría abrir la puerta a una diversificación de las relaciones comerciales con distintos países del mercado asiático, al generar una oportunidad significativa para acceder a un mercado amplio y con alta proyección, donde productos colombianos de alta calidad podrían ingresar de manera fluida y económica aprovechando las ventajas logísticas derivadas de esta mega estructura global. Por último, las inversiones chinas podrían modernizar y fortalecer la infraestructura nacional, aumentando notablemente la competitividad del país y mejorando la capacidad productiva a gran escala.

No obstante, no se pueden ignorar los retos jurídicos y estratégicos que este proyecto conlleva. Por ejemplo, la experiencia de Panamá, que decidió retirarse del proyecto tras evaluar sus implicaciones internacionales, evidencia la necesidad de considerar cuidadosamente los compromisos que se adquieren en el marco de esta iniciativa. En el caso colombiano, es fundamental tener en cuenta que cualquier adhesión a esquemas de cooperación internacional debe armonizarse con los tratados vigentes y las relaciones comerciales existentes, especialmente con socios estratégicos como Estados Unidos, con quien se mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) que podría verse afectado por decisiones que alteren el equilibrio de las relaciones económicas bilaterales.

En este contexto, la eventual adhesión de Colombia a la denominada "Nueva Ruta de la Seda" debe ser evaluada como un asunto de política pública con implicaciones jurídicas, económicas y estratégicas. Si bien esta iniciativa puede representar oportunidades para el desarrollo de infraestructura y la diversificación de mercados, también plantea riesgos que deben ser gestionados mediante una planificación técnica rigurosa y una diplomacia económica coherente con los intereses nacionales.

Por tanto, se requiere una gestión institucional sólida, basada en criterios técnicos y jurídicos, que permita al Estado colombiano tomar decisiones informadas, proteger su soberanía económica y evitar una exposición desproporcionada en el contexto de las dinámicas comerciales y geopolíticas internacionales.