Colombia necesita una reforma tributaria de competitividad

Cada vez que Colombia se enfrenta a una posible reforma tributaria, la conversación pública gira alrededor de una misma pregunta: ¿cuánto se debe recaudar? Sin embargo, quizá se está formulando la pregunta equivocada. La discusión debería comenzar por definir cuál es el sistema tributario que el país necesita para sostener el crecimiento económico, atraer inversión, formalizar las empresas y sostener las finanzas públicas durante la próxima década y no únicamente cuánto recaudo adicional requiere el Estado en el corto plazo.

Con demasiada frecuencia, las reformas tributarias terminan concentradas en resolver esas necesidades de caja de corto plazo. Los resultados son mayores cargas para los mismos contribuyentes formales, nuevas sobretasas, complejidad normativa y una creciente sensación de incertidumbre. Pero la sostenibilidad de las finanzas públicas no puede descansar de forma indefinida sobre un grupo cada vez más reducido de contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones.

Por ello, unas finanzas públicas saludables exigen una estrategia más amplia: expandir la base gravable y la base de contribuyentes, fortalecer el crecimiento económico, reducir la evasión y revisar con rigor la eficiencia y calidad del gasto público. De la misma manera, el recaudo sostenible es consecuencia de una economía más productiva y de una base tributaria más amplia. Cuando un sistema pierde competitividad, incentiva la informalidad, desalienta la inversión y reduce el crecimiento potencial, termina deteriorando su propia capacidad recaudatoria.

Por eso, la reforma tributaria debe entenderse como una reforma de competitividad institucional y no únicamente como un mecanismo de ajuste fiscal. El objetivo debería ser construir un sistema tributario estable, simple, neutral y competitivo, consistente con las mejores prácticas internacionales.

Durante décadas Colombia ha incorporado sobretasas, regímenes especiales, tratamientos preferenciales, impuestos no deducibles y múltiples reglas diferenciadas que incrementan los costos de cumplimiento, generan distorsiones en la asignación del capital y producen cargas efectivas muy distintas entre sectores económicos. Un sistema tributario deja de ser competitivo y atractivo para inversionistas cuando se vuelve difícil de administrar, costoso de cumplir y poco neutral, especialmente, cuando grava actividades similares de manera sustancialmente diferente.

Hoy algunos sectores soportan tasas efectivas inferiores al 5%, mientras otros enfrentan cargas que afectan su capacidad de inversión y crecimiento. En el sector financiero, la tributación integrada, considerando impuesto sobre la renta, sobretasas, gravámenes no deducibles y tributación sobre utilidades distribuidas, puede superar el 70%. El sector energético también enfrenta cargas relevantes precisamente cuando la demanda mundial de energía aumenta impulsada por la inteligencia artificial, los centros de datos y la electrificación de la economía.

La solución deberá enfocarse en construir una estructura más equilibrada y no únicamente en reducir tarifas. Por ello, la reforma debería ampliar la base del impuesto sobre la renta mediante la eliminación gradual de tratamientos preferenciales que no respondan a objetivos claros de política pública y definir una senda de convergencia hacia una tarifa general corporativa del 29%, sin sacrificar capacidad de recaudo. Una base gravable más amplia permitiría operar con tarifas nominales más competitivas, fortalecer la neutralidad del sistema y mejorar la competitividad de Colombia como jurisdicción para invertir.

Lo anterior no implica que los incentivos tributarios deban desaparecer. Al contrario, pueden funcionar como instrumentos de inversión pública indirecta cuando movilizan inversión privada hacia prioridades estratégicas como infraestructura, salud, energía o desarrollo digital. Pero su permanencia debería estar sujeta a evaluaciones periódicas sobre su costo fiscal y su retorno económico y social.

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Colombia necesita una institucionalidad que permita evaluar estos beneficios con la misma rigurosidad con la que se analiza el gasto público. La transparencia sobre cuánto cuesta cada incentivo y qué resultados produce es indispensable para construir una política tributaria basada en evidencia.

La modernización del sistema también requiere transformar la administración tributaria. La DIAN debe dedicar menos tiempo al control de obligaciones formales de bajo impacto y concentrar sus capacidades en combatir la evasión de mayor cuantía mediante analítica de datos, inteligencia artificial y procesos completamente digitalizados. Una administración tributaria moderna no necesariamente recauda más porque fiscaliza más, recauda más porque facilita el cumplimiento y focaliza la fiscalización donde existe mayor riesgo fiscal.

La formalización empresarial debe ser otro eje de la reforma. El Régimen Simple debería consolidarse como el principal instrumento para incorporar nuevos contribuyentes a la economía formal, eliminando restricciones innecesarias que limitan su alcance.

En materia de IVA, Colombia debería avanzar hacia una base prácticamente universal con una tarifa general cercana al 15%, preservando mecanismos focalizados para los hogares de menores ingresos. Una base más amplia mejora la neutralidad del impuesto, reduce distorsiones y permite operar con una tarifa nominal inferior sin sacrificar la capacidad recaudatoria.

Asimismo, debería revisarse la permanencia de tributos que fueron concebidos como transitorios o extraordinarios, como el Impuesto al Patrimonio y el Gravamen a los Movimientos Financieros frente a sus efectos sobre el ahorro, la inversión y la formalidad. Más allá de su aporte al recaudo, será necesario revisar si sus efectos siguen siendo consistentes con el deseo de que la política tributaria se concentre en instrumentos que fortalezcan la capacidad productiva del país.

Por supuesto, nada de esto es sencillo. Cada tratamiento preferencial tiene sectores que lo defienden con argumentos atendibles, y una reforma de este alcance requiere decisiones difíciles. Pero la discusión no debería centrarse en cuánto más gravar a los mismos contribuyentes, sino en cómo construir un sistema que amplíe la base tributaria mediante más inversión, más empresas formales, mayor productividad y crecimiento económico.

Colombia sí necesita una reforma tributaria. Pero no una reforma de caja enfocada únicamente en resolver una urgencia fiscal de corto plazo. Necesita una reforma de competitividad que permita fortalecer las finanzas públicas, atraer inversión y sostener el crecimiento durante la próxima década, no solamente para el próximo presupuesto.