martes, 16 de julio de 2019

La gran bandera del actual Gobierno fue la economía naranja. Fue la apuesta correcta y su implementación va por buen camino.

La economía naranja, según el Ministerio de Cultura, es una herramienta de desarrollo social que integra las artes, el patrimonio cultural (material e inmaterial), las industrias culturales y las creaciones funcionales. Surge como una apuesta obligatoria para que el Estado (que no pudo aprovechar la bonanza petrolera de años pasados para diversificar sus fuentes de ingresos) pueda depender de otros rubros diferentes de los impuestos para poder financiarse. La gran apuesta entonces es pasar de depender de los recursos minerales del Estado (petróleo, carbón, etc.) a depender de los frutos de la explotación del talento, de la dinamización de nuestro patrimonio cultural y de las nuevas creaciones tecnológicas.

La apuesta es brillante pues, contrario a lo que pasa con los recursos minerales no renovables, el talento es ilimitado, renovable, fácil de transportar y está en todos nosotros.

La aproximación del Gobierno para impulsar esta política fue la correcta; beneficios fiscales (otorgamiento de rentas exentas por siete años para quienes desarrollen un proyecto de economía naranja), beneficios financieros (líneas de crédito especiales en Bancoldex y Findeter y financiamiento con recursos provenientes de los bonos naranja), beneficios territoriales a través de la creación (en el Plan Nacional de Desarrollo -PND-) de las denominadas Áreas de Desarrollo Naranja que servirán de hubs para el fomento de las industrias creativas y que podrán tener múltiples beneficios fiscales para las empresas que adquieran propiedades u operen desde allí (reducción de impuestos prediales, exoneración del impuesto de delineación urbana y, por qué no, exoneración o disminución del impuesto de industria y comercio) y a las cuales se les extenderá el beneficio de obras por impuestos, pudiendo entonces las empresas destinar parte del dinero que pagarían en impuestos a la creación de infraestructura cultural, en tales áreas.

A todo esto debe sumársele otros beneficios que introdujo el Gobierno en el pasado PND y que han pasado prácticamente desapercibidos: la creación de un mercado de valores para Pyme’s, donde podrán transarse acciones y títulos de deuda hasta por $20.013 millones por emisor y que permitirá que los emprendedores, puedan acceder a un mercado que hasta ahora solo estaba restringido a grandes empresas y la posibilidad que a los aportes o donaciones que hagan inversionistas a proyectos de economía naranja, previamente seleccionados en una convocatoria realizada por el Ministerio de Cultura, se les extienda el beneficio conferido a los aportes o donaciones hechos a proyectos cinematográficos (deducción de 165%).

Hay quienes critican los beneficios fiscales otorgados a la economía naranja diciendo que los mismos debieran trasladarse también a los socios de las empresas beneficiarias (tal como ocurría con los beneficios fiscales de la ley del libro) y que no es posible concebir esto como un beneficio, pues si bien su renta es exenta, no le es aplicable la exoneración de aportes a la seguridad social sobre empleados que ganen menos de 10 Smlmv. La verdad es que los beneficios son sustanciales, puede que no perfectos ni grandiosos (como los que se le otorgan a la industria del cine), pero sí suficientes para incentivar el desarrollo de esta política pública.