Justicia para Panamá

Desde hace una década, cuando estalló el escándalo de los mal llamados “Panamá Papers” -que, en realidad, no fue otra cosa que la filtración ilegal de información protegida por la reserva cliente-abogado-, Panamá ha luchado incansablemente por liberarse de un sesgo internacional que le produjo profundos daños y limitó drásticamente su crecimiento como nación.

Hoy, Panamá es un país que ha cumplido con todos sus compromisos en materia de cooperación fiscal, intercambio de información, prevención de delitos fiscales, cumplimiento de disposiciones fiscales internacionales y cooperación en temas regulatorios. Tan es así que, el pasado 10 de junio, la Comisión Europea, teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), removió a Panamá —junto con otros países como Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos— de la lista de jurisdicciones de alto riesgo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El siguiente paso es que el Consejo Europeo acepte la recomendación y la presente ante el Parlamento Europeo.

Tal ha sido el progreso de Panamá en temas de transparencia y buenas prácticas en materia de fiscalidad internacional, que hoy el BID apoya la iniciativa de que Panamá se convierta en país miembro de la Ocde. Esta iniciativa, si bien trae grandes beneficios en materia reputacional, implica realizar cambios profundos en el ámbito legislativo y regulatorio, lo cual podría desviar la atención de temas estratégicos para el crecimiento del país, debido al enfoque en las prioridades legislativas y regulatorias de la Ocde.

En las últimas décadas, Panamá ha suscrito Convenios para Evitar la Doble Imposición con países como España, Francia, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Portugal, República Checa, Suecia y Dinamarca. No obstante, sigue figurando en la lista gris de la Unión Europea y, por ende, es considerado un país no cooperante en materia fiscal. Este hecho implica que -aunque oficialmente son socios comerciales y han creado mecanismos para incrementar y facilitar el intercambio comercial- cualquier transacción con Panamá sea sometida a un sistema de escrutinio y reporte (DAC6) más riguroso que el aplicado a países que no están reportados en dichas listas restrictivas.

Estar incluido en esa lista implica que el crecimiento natural de ciertos sectores en el país se ve injustamente restringido por estas medidas. Tal es el caso del Centro Bancario Internacional, cuyas entidades reportaron algunos de los niveles de activos más altos de Latinoamérica (solo precedidos por Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina y Perú) pero que podrían superarlos con creces si no existiera tal sesgo internacional.

En los últimos meses, muchas entidades multilaterales -como el Grupo de Acción para la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi)- y varios países, entre ellos Francia, Bélgica, Alemania, España, Italia y Grecia, se han solidarizado con Panamá y han apoyado su salida de la lista gris europea.

Han comprendido que lo razonable y sincero es reconocer el esfuerzo que ha realizado Panamá y concederle el lugar que merece. Esto no es otra cosa que darle a Panamá el trato justo que le corresponde.