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Sábado, 16 de junio de 2018

Colombia se prepara para las elecciones presidenciales del próximo domingo, quizás la más relevante de los últimos 50 años, en donde, los inversionistas extranjeros y los empresarios están preocupados por los resultados de las elecciones presidenciales, que muestran dos candidatos, con visiones del mundo tan diametralmente opuestas de quienes llegaron a la segunda vuelta.
Si a algo le temen los inversionistas, especialmente el inversionista extranjero, es que el Estado donde pretenden invertir, las reglas de juego sean cambiadas, el sin número de leyes que día a día se promulgan, puesto que ello implica una gran incertidumbre que les impide evaluar con certeza si invertir es conveniente o no.

La seguridad jurídica es unos de los aspectos en el que peor estamos frente al resto del mundo.

La aplicación práctica de la seguridad jurídica, resulta menester que el respectivo Gobierno de turno, propenda por un país en el que impere un cuerpo normativo uniforme, que cobije en forma indiscriminada a todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros, cuando se encuentren en similares circunstancias.

Frente a estas circunstancias, el Presidente electo, debe generar un ambiente de seguridad jurídica para los inversionistas del exterior y también para los nacionales, como parte de la competitividad. No obstante la incertidumbre aumenta, en donde las razones radican justamente en las figuras propuestas como pilares de la confianza inversionista.

Se ruega que al momento de presentar su reforma tributaria estructural, el Gobierno de turno, entienda la necesidad de derogar prebendas. Porque mientras legalmente existan, el Estado tendría que otorgarlas a todo el que llene los mismos requisitos que cumplieron los que ya las disfrutan, o explicar las razones para su concesión discrecional y selectiva.

Por lo anterior, se hace un llamado, que rija una política pública desde el principio de la neutralidad, en donde el actuar del Estado, no desborde su intervención en la libre competencia de los negocios mediante leyes discrecionales, independientemente del Gobierno de turno, el Congreso de la República, deberá valorar las distintas variantes que afectan la inversión en Colombia, y de manera especial la desconfianza originada en el cambio repentino de la legislación aplicable al ámbito de los negocios, con el propósito de generar un ambiente de confianza favorable a los inversionistas, en donde se legisle por la conveniencia de atraer capitales para destinarlos a actividades consideradas estratégicas dentro del sistema económico colombiano.