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sábado, 10 de octubre de 2020

En nuestra actual coyuntura de grave contracción económica y emergencia sanitaria con altas cifras de “desocupación” vemos como, dolorosamente se extinguen las fuentes de empleo que tanto costó construir en los últimos lustros y esto genera un fenómeno que paso a describir a modo de reflexión:

Actualmente, los empleadores enfrentan un difícil panorama para mantener las fuentes de empleo pues con la economía ralentizada y la ausencia de caja que por meses debieron soportar, no hay solución diferente que reducir su tamaño cuando no están obligados a desaparecer.

Los apoyos económicos promovidos por el gobierno y las autoridades locales alivian, pero no son suficientes y las obligaciones, agobian. Se acaba el oxígeno y aun así, revisan sus cuentas, la viabilidad del negocio y cuando es posible seguir, deben tomar la decisión de evaluar quienes son los llamados a continuar.

A su vez, los trabajadores ven amenazada su fuente de subsistencia, enfrentan la incertidumbre del eventual desempleo y la angustia de las cuentas por pagar, el bienestar de sus familias; entonces surge el conflicto y el “empleador enemigo”.

Además de los factores históricos y las innegables raíces filosóficas y económicas que subyacen, el conflicto surge hoy porque el mercado laboral colombiano no es resiliente y el panorama que enfrenta un trabajador formal al perder su empleo, es el de la precariedad o la pobreza.

Es por ello que, la respuesta es acudir a las normas de trabajo y su protección y en muchas oportunidades, en la búsqueda del amparo, aparece el abuso del derecho y el disfraz de persecución, de discriminación, de la debilidad manifiesta; o la conveniente sindicalización, por ejemplo, en subdirectivas en municipios en donde ni viven ni laboran.

Pues bien, además de la ausencia de resiliencia del mercado laboral y la manipulación de las normas, se suma a la ecuación, la falta de preparación para el trabajo. De acuerdo con la información del Servicio Público de Empleo y Asocajas, algunas veces, sí hay posibilidades de vinculación laboral pero en muchas ocasiones no hay candidatos para ocuparlas porque no hay personas formadas para ello. Faltan técnicos, operarios calificados, personas con habilidades y competencias duras y blandas, nos falta formar; y también educar empresarios.

Entonces tenemos una gravísima desarticulación estructural en la cual deberían enfocarse todos los sectores, gremios, organizaciones de trabajadores y en especial, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Se requiere educar para hacer empresa. Empresa entendida como la entiende la Constitución de 1991 en el artículo 333, es decir, como “base del desarrollo” y no como una unidad de explotación. No se trata de derecho del trabajo, se trata del derecho a trabajar.

¿Fuerte no? entonces, mientras se congestionan los juzgados y el Ministerio del Trabajo dilata las peticiones de autorización de despido colectivo y a su vez, abre procedimientos administrativos sancionatorios - como lo manda la ley, claro -; y mientras emanan los fueros y las asociaciones de papel; y, mientras se ordenan los reintegros ¿qué vamos a hacer para materializar el mandato constitucional de un desarrollo sostenible con trabajo digno y decente?

Las brechas no se cierran cavando de lado y lado de la zanja y promoviendo la visión del conflicto empleador trabajador como algo “natural”. Lo conveniente es la cooperación por un principio superior, que es el bien común.