Bienvenidos al nuevo paradigma

A propósito de la noticia reportada sobre la cifra más baja de aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia en los últimos veinte años, vale la pena detenerse a reflexionar. Esta situación no es aislada, sino un síntoma de una tendencia global: la educación superior ha perdido relevancia en el imaginario de las nuevas generaciones, que cada vez dan mayor preponderancia a formas de educación informal enfocadas en habilidades prácticas. Esto es evidente en sectores como el tecnológico, donde la velocidad del cambio supera la capacidad de respuesta de los currículos universitarios.

Sin ánimo de caer en lugares comunes, la apuesta del país debe ser clara: fortalecer el ecosistema tecnológico. Basta con observar que ocho de las diez compañías más valiosas del mundo pertenecen a dicho sector. Ignorar esta realidad sería una torpeza, sin que ello signifique desconocer la importancia que aún tienen los commodities en la economía colombiana.

Una de las barreras para el crecimiento del sector tech en Colombia es la existencia de colegios profesionales que se encargan de regular el ejercicio de ciertas profesiones, los cuales, si bien tienen un rol relevante en algunos campos, resultan ser estructuras rígidas y anacrónicas frente a las dinámicas actuales del mercado laboral. Particularmente, aquellos relacionados con la ingeniería son los que más impacto dado que buscan controlar el acceso a funciones que hoy en día también pueden ser desempeñadas por profesionales autodidactas.

Este obstáculo cobra relevancia cuando lo miramos desde una perspectiva migratoria. Muchos extranjeros que aplican a visas para trabajar en Colombia deben acreditar su idoneidad. Aunque existen mecanismos como las certificaciones laborales, en la práctica estas pierden valor si no se acompañan de un título profesional formal que permita obtener una licencia temporal cuando de profesiones reguladas se trata. Esto representa una barrera para personas con amplia experiencia en áreas como el desarrollo de software, que, a criterio del Ministerio de Relaciones Exteriores, podrían ser clasificadas dentro de profesiones reguladas como la ingeniería, limitando su ejercicio profesional en el país.

Esto no significa desconocer el valor de los colegios profesionales. Su función puede ser esencial en actividades de alto riesgo, como la construcción de infraestructuras o el diseño de sistemas eléctricos. Pero el marco normativo debe diferenciar entre esas funciones críticas y otras que, en el contexto actual, no deberían estar reservadas a profesiones reguladas.

Este es un debate que Colombia debe dar si quiere avanzar en competitividad internacional, no solo en términos económicos, sino también migratorios. La atracción de talento extranjero calificado se ha convertido en una prioridad para muchas naciones, y Colombia no puede darse el lujo de cerrarle la puerta a personas capacitadas por barreras normativas que no distinguen entre funciones reguladas y habilidades técnicas desarrolladas por vías no convencionales.

No pretendo con esto minimizar la importancia de la educación superior. De hecho, creo que para quienes no tienen facilidad para el aprendizaje autodidacta, la universidad sigue siendo un entorno efectivo para adquirir conocimientos, y, sobre todo, desarrollar habilidades de relacionamiento humano. Siendo este último punto donde tal vez resida el verdadero valor de pagar una matrícula en una época en la que el conocimiento técnico está, literalmente, a un clic de distancia.