lunes, 8 de agosto de 2022

Colombia está a la expectativa del devenir socioeconómico en todos los ámbitos luego de la elección del nuevo gobierno, pues la administración entrante representa una nueva perspectiva ante las diversas problemáticas que afronta el país. Uno de los retos a los que deberá hacerle frente será la tasa de desempleo que, según informó el Dane, es de 10,6% para mayo de 2022.

Sin embargo, existe una dificultad paralela y está en el agregado de inmigrantes venezolanos que han afluido a Colombia, y que actualmente conforman una población de más de 2,2 millones, ya que se estima que cerca de 24% de las personas que vivían hace un año en Venezuela se encontraban desempleadas y migraron a Colombia en esta misma condición (Dane, 2021).

En ese sentido, recibimos a una “nueva” población que debería ser involucrada en el mercado laboral local con el fin de convertirse en un complemento al crecimiento de la economía, en vez de una carga. Lo planteado representa importantes desafíos por tratarse de inmigrantes.

Los dos gobiernos anteriores fueron conscientes del asunto y tomaron medidas encaminadas a regularizar la permanencia de la población venezolana en Colombia, ya que comprendieron que la mayoría de estas personas llegaron con ánimo de establecerse.

La administración Santos implementó por primera vez el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para venezolanos en 2017, otorgado a un número de personas delimitado por un rango de fechas y el cual autorizó a sus portadores a ejercer cualquier actividad legal en el país. Por su parte, el gobierno Duque dio continuidad a dicha iniciativa, abriendo nuevas fechas de aplicación para el permiso y renovando los ya existentes.

Finalmente, en 2021 se expide el Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos, derogando al predecesor PEP y creando el PPT, cuya vigencia es mayor y mantuvo los beneficios que aquel concedía. Actualmente, más de 1,1 millones de PPT han sido aprobados y entregados, según Migración Colombia.

Ahora, si bien el primer paso es que los potenciales trabajadores venezolanos se encuentren documentados y regularizados, no podemos desviar el objetivo final, que es lograr que sean parte activa de la economía local como trabajadores o independientes.

Esto sugiere que el mercado laboral colombiano demande mano de obra suficiente para reducir la tasa de desempleo total (sumados nacionales e inmigrantes). Sería poco relevante la implementación de un plan de regularización de inmigrantes, si al final los permisos que adquieren no pueden ser puestos en práctica por carencia de oportunidades de empleo.

Las propuestas del presidente electo en materia de empleo son ambiciosas y configuran una agenda en la que el Estado será garante en última instancia. Sin embargo, no se ha manifestado de manera clara si esto involucra a la población venezolana, que hace parte actual de nuestra sociedad y que puede ser un soporte complementario para la economía o convertirse en una problemática creciente, según las decisiones que se tomen.

Así, será menester que el gobierno tome decisiones oportunas frente a la continuidad de las iniciativas de los anteriores y que, además, emprenda soluciones objetivas a favor de la mano de obra venezolana, sin darle la espalda a las políticas que promueven la protección de la mano de obra nacional.