La defensa de la gestión fiscal desde la prevención

El proceso de responsabilidad fiscal es la última instancia y, por lo tanto, la etapa final para ejercer el derecho de defensa de la gestión fiscal. Los funcionarios públicos y los particulares que ejercen gestión fiscal de forma directa o indirecta se ven sorprendidos con la notificación del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, por un sinnúmero de hechos generadores del presunto daño por el cual se tramita el proceso y con un expediente voluminoso, que generalmente está compuesto por pruebas técnicas de índole financiero, contable o económico, que escapa del conocimiento de las personas o terceros civilmente responsables vinculados al proceso.

Por ello, considero que la mejor defensa en la gestión fiscal no consiste en contratar un abogado que lo represente —en ocasiones tardíamente— en un proceso de responsabilidad fiscal, sino en contar con el apoyo de expertos en control, vigilancia y responsabilidad fiscal que acompañen la estructuración de los proyectos desde el inicio de los mismos, identificando y procurando mitigar los riesgos fiscales que se adviertan sobre la marcha.

Las reglas de la experiencia muestran que la falta de continuidad de los funcionarios, así como la falta de personal especializado y la insuficiencia del mismo, impide identificar, prevenir o mitigar los riesgos fiscales de los proyectos estratégicos estructurados por las entidades públicas y que finalmente se ejecuta con los contratistas seleccionados. Lo anterior se ve reflejado al momento de atender las visitas de vigilancia y control fiscal realizadas por órganos fiscales, como lo son las auditorías y las actuaciones especiales de fiscalización, en tanto la defensa de las entidades termina con respuestas improvisadas, incompletas, imprecisas, o inconducentes, que conllevan a los temidos hallazgos con connotación fiscal.

Adicionalmente, al momento de la vigilancia fiscal por parte de los órganos de control, la mayoría de los contratos o proyectos sobre los cuales recae el control ya se encuentran terminados o los funcionarios públicos y los contratistas del Estado ya no están vinculados a la entidad, lo que les impide defender la gestión con el conocimiento técnico, jurídico o financiero y con el sustento del cual en ocasiones carecen los funcionarios que luego tienen a su cargo contestar los requerimientos de la Contraloría.

A efectos de un manejo responsable de los recursos públicos y de una gestión fiscal defendible, es importante contar con la asesoría especializada y el acompañamiento necesario para ejercer la defensa de la gestión fiscal desde el momento mismo de la toma de decisiones, para evitar los daños patrimoniales al Estado o mitigar su impacto y, por supuesto, impedir cualquier conducta que implique culpa grave o el dolo.

En síntesis, la mejor defensa consiste en prevenir el daño patrimonial al Estado en los procesos de contratación de los grandes proyectos en curso y brindar las diferentes herramientas jurídicas, técnicas y financieras, para que las decisiones administrativas se ajusten a los cánones de ley, así como en subsanar o mitigar las debilidades que se identifiquen y evitar situaciones de eventuales perjuicios y responsabilidades.