La esclavitud sigue existiendo y, además, prosperando. En Colombia se han reportado nuevos casos y modalidades. Países que antes eran expulsores hoy también son receptores, y los procesos de integración agravan el problema.
Este delito transnacional ha tenido diversas expresiones históricas, como el tráfico humano desde el África negra o el rapto de mujeres europeas por los árabes en el siglo XIX (de aquí surgió la expresión “trata de blancas”). En las sociedades contemporáneas esta esclavitud se manifiesta a través de la trata de personas, la sujeción, comercio y abuso de seres humanos con fines de lucro.
Aunque hay distintas formas de entender esta problemática, las definiciones jurídicas suelen incluir tres elementos:
1. La movilización de la víctima de un lugar de origen a uno de destino. En esto la trata se asemeja al “tráfico de personas”, definida como el paso ilegal de fronteras.
2. Los métodos que utilizan los tratantes para subyugar la víctima. Estos pueden ser el engaño, la violencia física, el fraude y el abuso de autoridad.
3. La explotación, que es el fin último de este comercio.
Las víctimas
La trata de personas va más allá de la explotación -por, ejemplo, la que se presenta a través de la economía informal- e incluye condiciones extremas equivalentes a la esclavitud. Puede incluir, entre otros, el sometimiento para ofrecer servicios sexuales, el servicio doméstico, el trabajo forzado, el matrimonio servil, la mendicidad y el reclutamiento forzado para el conflicto armado.
Mientras que en siglos pasados los esclavos eran encadenados o raptados para llevarlos a los lugares de destino, en la actualidad el reclutamiento no siempre es forzado. De hecho, muchas víctimas buscan oportunidades de viajar a otros países con la ilusión de mejorar sus condiciones laborales y de vida y acaban involucradas en alguna modalidad de trata de personas. Es el caso de jóvenes sin empleo o madres cabeza de familia que consideran opciones laborales en el exterior para aumentar sus ingresos y medios de subsistencia.
En la mayoría de los casos esas personas deciden sobre la base de información dolosa o incompleta, y cuando llegan al lugar de destino pierden su condición de sujetos y se convierten en “objetos” que se transan, reemplazan y explotan. Aun en el evento en que la persona conozca la actividad que va a ejercer -prostitución o trabajo doméstico, por mencionar algunas-, ignora las condiciones a las que se verá sometida -jornadas de trabajo excesivamente largas, ausencia de días de descanso, privación de la libertad, maltrato físico y emociona-.
La doble condición de las víctimas (ser sujetos y objetos) hacen más complejo este comercio ilícito, entre otras razones, porque fortalecen la relación demanda- oferta: por un lado, los tratantes buscan incautos para reclutar y explotar; por otro lado, las víctimas están dispuestas a apostarle a nuevas ofertas laborales que mejoren sus ingresos. Esto, sin duda, facilita la acción de las redes criminales.
En ocasiones las víctimas incluso no se perciben como tales y de hecho se oponen a la intervención de las autoridades, como ocurrió con las jóvenes colombianas rescatadas en centros de prostitución en Ecuador en el 2012.
Lejos de agradecer su rescate, estas mujeres consideraron que les estaban quitando la oportunidad de “trabajar” y que era injusto adelantar acciones penales contra sus “empleadores”. Algo parecido sucedió con otros colombianos rescatados en Argentina en el primer semestre de 2013 que estaban sometidos a trabajo forzado pero reincidieron pocos meses después.
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