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martes, 27 de noviembre de 2018

Desde hace varios años cuando inicie mi carrera de piloto, inclusive antes de ser abogado, vengo escuchando cada cierto tiempo, que la clase política de la ciudad de Medellín, plantea la supuesta necesidad del cierre de las operaciones del Aeropuerto Enrique Olaya Herrera. El pasado 22 de noviembre, se realizó en el recinto del Concejo de Medellín, un debate sobre el futuro del Aeropuerto en cuestión, a pesar que no hay posibilidad de cambio en el uso del suelo sin modificar el POT que va hasta 2026 y la concesión está prevista, si no hay alguna prórroga, hasta 2032. Las razones son diversas, unos dicen que es la seguridad aérea, algunos la importancia de áreas de recreación, otros que se requiere densificar la ciudad, etc.

Hoy presentan un nuevo caballito de batalla en la apertura y puesta en operación del túnel de Oriente en 2019, que propone conectar la ciudad de Medellín con el valle de San Nicolás, donde se encuentra ubicado el aeropuerto de Rionegro, en menos de 20 minutos. Esta importante obra mejorará sustancialmente la calidad de vida y conectividad de los viajeros, pero ya inclusive antes de su inauguración se presume que llegará a su máxima capacidad y va requerir de una ampliación.

Pensar en cerrar el Olaya, resulta por lo pronto, una idea descabellada y más bien impulsada por los deseos de urbanizar el inmenso lote que cubre hoy las instalaciones del aeropuerto, que alcanza las 85 hectáreas.

El contrato de Concesión 8000011 firmado entre el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y Airplan, que incluye seis aeródromos dentro de los cuales está el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, se encontrará vigente por un término de 25 años o mientras los ingresos Regulados Generados no alcancen el Valor de los Ingresos Regulados Esperados. Adicionalmente a esto es claro que en esta concesión se han hecho importantes avances e inversiones en términos de infraestructura en las seis terminales (sin desconocer también sus falencias y altos costos a los arrendatarios y usuarios, tema abordado en la pasada columna) por lo que resulta poco probable, que el Olaya se pueda fácilmente desligar del contrato, sin repercusiones económicas para la ciudad y la nación.

Mientras la nueva pista del aeropuerto José María Córdova de Rionegro no esté concluida (apenas está en estudios y diseños) no es posible pensar en trasladar las operaciones del Olaya Herrera, y resulta poco viable, pues colapsaría Rionegro, que a pesar de las ampliaciones que se le han hecho, carece de suficiente espacio para posiciones de parqueo, hangares privados y de mantenimiento, escuelas y empresas de aviación regional, salas de espera, etc.

Pero vamos a lo básico, no son los $72.603 millones en transferencias al municipio en los últimos 10 años de concesión, ni los cientos de empleos directos e indirectos que genera el aeropuerto, es la función social que realiza, es el transporte de enfermos, insumos y medicamentos, etc, que desde 1932, cuando se conocía como Las Playas, ha desempeñado para el desarrollo de Antioquia, Córdoba, Chocó y el Eje Cafetero. Si tenemos déficit de infraestructura aeronáutica, no podemos desgastarnos en mirar cómo acabamos con la poca que contamos, el debate es cómo podemos mejorar la actual, cómo construimos nuevas terminales o promovemos iniciativas privadas para nuevas pistas y aeropuertos por todo Colombia, y sobre todo, en cómo abaratamos los costos tributarios del negocio aeronáutico, que tienen ahorcadas a las empresas del sector.