La urgente respuesta ante las violencias basadas en género en entornos digitales

La era digital ha transformado la forma en la que nos comunicamos y construimos relaciones. Sin embargo, las tecnologías que nos conectan también han abierto nuevas puertas a distintas formas de violencia que ha impactado a las mujeres y a las niñas. La realidad es que detrás de cada pantalla pueden ocurrir actos que dejan huellas tan reales como las que se viven fuera de ella.

El espacio digital que nació entre otras cosas para facilitar la comunicación se ha transformado en un escenario en el que las distintas violencias se reproducen y amplifican. En este contexto, las mujeres y niñas se ven particularmente afectadas: desde el ciberacoso hasta la difusión no consentida de imágenes íntimas, entre otras. Esto provoca que muchas mujeres dejen de sentirse seguras –en línea y fuera de ella–.

Como lo alerta la ONU, estas violencias digitales no son simples hechos aislados, sino expresiones de desigualdades estructurales que persisten en nuestra sociedad, pues frenan el empoderamiento femenino, obstaculizan el desarrollo y limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 2020, el 85% de las mujeres a nivel mundial han experimentado o sido testigos de algún tipo de violencia digital. Este fenómeno, tal como advierte la ONU, representa actualmente uno de los retos más complejos en materia de derechos humanos a nivel internacional. No sólo preocupa la magnitud de los casos, sino también la escasez de información sobre sus particularidades y la ausencia de instrumentos jurídicos efectivos que permitan ofrecer protección real a las víctimas.

Este vacío normativo no es ajeno a nuestro panorama nacional, pues, aunque existen leyes como la 1257 de 2008 y la 679 de 2001 que sancionan la violencia contra las mujeres y la explotación sexual en entornos digitales, lo cierto es que éstas no abarcan todas las manifestaciones de aquella ni tampoco fueron diseñadas atendiendo un enfoque de género. Esto por supuesto deja a muchas víctimas en una situación de desprotección y conlleva grandes retos para los operadores judiciales, lo que aumenta el riesgo de impunidad.

La Corte Constitucional ya ha llamado la atención sobre esta problemática. En la Sentencia T-280 de 2022, conoció el caso de una mujer que ingresó a un baño en una escuela de equitación y tiempo después descubrió que existían imágenes suyas difundidas en internet. En esta oportunidad, además de conceder el amparo de los derechos fundamentales de la accionante, exhortó al Congreso para que atendiera las recomendaciones formuladas desde el 2018 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en relación con la prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital.

En respuesta a este llamado, actualmente en el Congreso de la República se está tramitando el Proyecto de Ley 274 de 2024, aprobado en segundo debate el pasado mes de septiembre de 2025. Esta iniciativa busca penalizar estas conductas y establecer medidas de sensibilización, prevención y reparación.

Sin embargo, más allá de la sanción, tal como lo reconoce el propio proyecto, es fundamental promover una educación digital con enfoque de género, así como la elaboración de protocolos claros y rutas de acompañamiento que garanticen entornos digitales seguros para mujeres y niñas.