lunes, 3 de diciembre de 2018
Voy a aprovechar este espacio para hacer un llamado a la reflexión. Si bien soy respetuosa del libre ejercicio de todas las profesiones, quiero llamar la atención de quienes leen esta columna para hablar del espacio de discusión en las redes sociales.
En estos tiempos de transformación digital las redes sociales han generado el surgimiento de nuevos oficios como el “influencer” que presenta sus opiniones como información; y el “youtuber”, que es una celebridad con una audiencia selecta, que incrementa su popularidad subiendo videos en sitios web estratégicamente especializados.
Hay una creciente influencia e injerencia de los medios digitales sobre la justicia, cuyo efecto resulta nocivo y distorsiona la realidad. Como abogada litigante he visto y sufrido cómo estos personajes logran perjudicar el debido proceso en este escenario mediático que funciona como un juez en paralelo.
Parecería que hoy los casos no se ganan o se pierden en los estrados judiciales sino en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. En esta nueva dinámica, estos actores van desde informar, entretener, polemizar hasta insultar, además de cobrar un protagonismo significativo durante los procesos judiciales. Todo lo que dicen en sus redes se convierte en verdades sociales que no son neutras frente al desarrollo de los procesos en los estrados judiciales.
Es lamentable que ahora exista un creciente número de colegas que prefiere regocijarse con un fallo a su favor dictaminado por la opinión pública digital que con una sentencia en el poder judicial. Se ha vuelto común ver a los abogados litigantes convertirse en falsos periodistas, youtubers o influenciadores, por estar envueltos en casos mediáticos. Pareciera que solo eso es lo importante, pues son conscientes de que que cuando la decisión judicial finalmente llegue esta ya no será relevante de cara a sus seguidores.
La labor de litigar se volvió un negocio, una actividad donde prima el marketing y en la cual nada importa. La decisión final ya no la tiene un juez autónomamente, sino que está condicionada al veredicto de los usuarios de plataformas digitales.
Ahora, ¿por qué se le permite al litigante esa esa distorsión y esa laxitud? ¿Dónde queda el poder de los jueces? La ley es clara y ofrece herramientas suficientes para actuar. Son faltas profesionales de los abogados, entre otras, “intervenir en actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturbe o interfiera el normal desarrollo de las mismas”; “injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales”; “emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos, sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia”; “efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión, judicial o administrativa”.
Estimados colegas, el llamado es a tener un poco de conciencia, nos vendría bien cuidar el buen desarrollo de los procesos judiciales por encima del interés mediático que este pueda generar. Lastimosamente todo sigue siendo permitido, es menester dar una sanción ejemplarizante.
