Miércoles, 14 de marzo de 2018

En un país tradicionalmente dependiente de la generación hidroeléctrica (aproximadamente 75%) y termoeléctrica (cerca de 25%), la entrada de jugadores que le apuestan a fuentes distintas (fuentes no convencionales renovables -Fncer- o energías limpias), no es asunto fácil. Ello se debe primordialmente a la renuencia de los grandes jugadores del sector (generadores y operadores de redes de transmisión), quienes temen ver perjudicados sus intereses ante la presencia de nuevos competidores y tecnologías que en cierta medida desconocen.

Diversos son los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas en proyectos de generación con Fncer como consecuencia de lo anterior. Sin embargo, hay uno que sobresale frente a los demás, por no tratarse de un mero riesgo de mercado sino de una situación que depende de terceros: los obstáculos en la conexión de sus proyectos a las redes que conforman el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Las redes de distribución local, y de transmisión regional y nacional de energía (que en conjunto conforman el SIN), son operadas por compañías beneficiarias del monopolio natural (OR), quienes tienen el deber legal de garantizar acceso a sus redes a cualquiera que desee conectar proyectos de generación, siempre que (i) la conexión sea técnicamente viable y (ii) se paguen ciertos cargos por la conexión.

En la práctica, dada la ausencia de una regulación concreta que les exija cumplir oportuna y adecuadamente con la obligación de permitir acceso a sus redes, los OR dilatan los procesos de solicitud de conexión, que a veces no concluyen y desincentivan por completo la inversión en los nuevos proyectos.

Esta situación es aún más evidente y significativa respecto de proyectos de Fncer, dado el desconocimiento y la aprensión que existe entre los OR sobre las tecnologías subyacentes a esos proyectos.

Casos de este tipo se han presentado a lo largo del país, en los que diferentes OR reciben solicitudes de conexión de proyectos de Fncer y omiten su deber legal al dilatar injustificadamente la remisión de estudios a la Upme y crear requisitos de conexión que desbordan lo que les permite la regulación, en flagrante incumplimiento de su obligación de garantizar acceso en igualdad de condiciones.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha reconocido esta situación, y en respuesta creó recientemente el Sistema de Monitoreo de Energías Renovables (“Simer”), que busca entre otras ejercer control sobre los OR para asegurarse de que cumplan con su obligación de permitir acceso a los proyectos de Fncer, especialmente.

Ahora que existe el Simer, no queda más que esperar a que el mismo cumpla su propósito y resuelva el problema aquí descrito. Asumir riesgos asociados a la rentabilidad de los proyectos de generación con Fncer hace parte de las proyecciones de los inversionistas respectivos, pero ver frustradas de antemano sus posibilidades de conexión a las redes que transportarán la energía generada es una situación que desincentiva inversiones, que no solo serán convenientes para el sistema eléctrico colombiano en general (brindarán estabilidad, combatirán la incertidumbre de suficiencia energética y probablemente reducirán los costos de generación termoeléctrica), sino que también permitirán al país cumplir sus compromisos internacionales en materia de reducción de contaminación, traducida en gases del efecto invernadero (GEI).

Esperamos que la herramienta del Simer sea efectiva a la hora de hacer frente a ésta problemática.