Los riesgos ocultos de la nueva reforma tributaria

La reciente radicación del proyecto de reforma tributaria evidencia el esfuerzo del Gobierno por equilibrar las finanzas públicas y contener el déficit estructural. No obstante, el texto propuesto revela riesgos técnicos y jurídicos que podrían comprometer los objetivos de sostenibilidad y equidad fiscal que se invocan como justificación de la medida.

En primer lugar, preocupa la alta dependencia de ingresos proyectados. La Contraloría General de la República advirtió que el Presupuesto General de 2026 se apoya en un recaudo incierto y condicionado a la aprobación de la reforma, lo que podría ampliar el déficit y aumentar la presión sobre la deuda pública si los ingresos no se materializan (Contraloría General de la República, 2025). A ello se suma el señalamiento de ANIF sobre el crecimiento inflexible del gasto de personal, que limita la capacidad de ajuste real del presupuesto (Portafolio, 2025). En consecuencia, se corre el riesgo de perpetuar un esquema fiscal en el que el recaudo se privilegia sobre la eficiencia del gasto.

Adicionalmente, la reforma introduce modificaciones de amplio alcance: ajustes en las tarifas marginales para personas naturales, eliminación de beneficios y cambios sustanciales en el IVA y en los impuestos corporativos. Estas medidas, sin un régimen de transición ni claridad normativa suficiente, pueden generar inseguridad jurídica y un incremento de litigios tributarios (El Espectador, 2025). La estabilidad normativa es pilar de un sistema tributario confiable; su alteración constante erosiona la confianza de los contribuyentes y desincentiva la inversión formal, incluyendo la inversión extranjera.

Las disposiciones pretendidas en la reforma pueden, también, generar un riesgo en cuanto a posibles efectos económicos y sociales. Aunque el Ministerio de Hacienda ha afirmado que los productos de la canasta básica no serán gravados, algunos bienes esenciales podrían quedar sujetos a tarifas especiales, afectando el consumo y el poder adquisitivo de los hogares. Un diseño tributario que eleva el costo del consumo interno puede resultar regresivo, especialmente en contextos de bajo crecimiento y alta inflación.

Finalmente, la reforma plantea una carga significativa para sectores estratégicos como el financiero, el energético y el extractivo. La sobretasa a las instituciones financieras y el aumento de impuestos a la explotación de hidrocarburos pueden debilitar la competitividad y frenar la inversión extranjera directa. Bloomberg Línea (2025) advirtió que un aumento desproporcionado de la carga tributaria, sin medidas compensatorias, podría deteriorar la confianza de los inversionistas y agravar la percepción de riesgo país.

En síntesis, la reforma tributaria es necesaria, pero su éxito dependerá de la coherencia técnica y la estabilidad que logre. El equilibrio fiscal no puede alcanzarse a costa de la seguridad jurídica y la estabilidad económica. Sin una planeación tributaria integral que combine recaudo sostenible, racionalización del gasto y seguridad jurídica, la “cura” podría ser más costosa que la enfermedad. Es fundamental que la propuesta de reforma sea examinada detalladamente y que el contexto sociopolítico no interfiera en la objetividad necesaria que requieren las decisiones tributarias. Indudablemente, Colombia necesita una reforma estructural, no coyuntural: una que fortalezca la confianza, estimule la inversión y preserve la equidad como principio del sistema tributario.